Caso de Mariana Lima Buendía avanza hacia la verdad y la justicia

El día de hoy, el caso de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010 en Chimalhuacán, Edo de México, avanza hacia la verdad y la justicia después de 12 años desde que Mariana fue asesinada y 6 años desde que el caso se reabrió como resultado de la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El resultado de la audiencia fue que peritos en criminalística coincidieron en que Mariana Lima Buendía fue asesinada por asfixia por estrangulamiento. En 2010, el caso fue cerrado cuando las autoridades de Chimalhuacán catalogaron la muerte como suicidio.

Al salir de la audiencia, Irinea Buendía, madre de Mariana, ofreció palabras sobre el resultado y el caso de su hija:

“Afortunadamente la verdad tarde o temprano va a salir, y nosotras sabemos que tenemos la verdad. Nosotras sabemos que Mariana Lima Buendía fue vil y cobardemente asesinada por Julio César.”

El aún presunto feminicida, Julio César N, era Policía municipal de Chimalhuacán  y fue ascendido a Comandante después del asesinato de Mariana, por lo cual, la Irinea Buendía y su familia tuvieron que ser ingresados al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos después de amenazas constantes por parte de la Policía Municipal de Chimalhuacán, la hermana y el hermano de Mariana han sido también blancos de atentados por su búsqueda de justicia.

Caso de Mariana Lima Buendía avanza hacia la verdad y la justicia

#Chimalhuacán Feminicida

Desde el viernes 1 de abril, la Fiscalía de Chimalhuacán se ha visto envuelta en una serie de denuncias por la posible detención arbitraria, desaparición forzada y tortura de Irene Yashika, madre de una menor víctima de desaparición forzada y violación sexual en manos de elementos de la Policía de Chimalhuacán en 2019.

La señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, y Lidia Florencio también madre de una víctima de feminicida, Diana Velázquez, acudieron a la Fiscalía de Chimalhuacán a buscar a Irene la noche del 1 de abril. Al encontrar a la mujer golpeada, con signos de tortura y sin dos dientes, comenzaron el proceso para levantar las denuncias correspondientes en contra de los y las policías responsables por la detención de Irene.

Las protestas continuaron todo el sábado 2 de abril, exigiendo que se detuviera a todos los policías señalados por la víctimas. Mientras que la Fiscalía de Chimalhuacán detuvo a tres de sus elementos, la víctima señalaba que aún falta otra mujer y un hombre apodado “el comandante.”

Caso de Mariana Lima Buendía avanza hacia la verdad y la justicia
Víctimas del ataque leyeron un comunicado público al termino de la audiencia.

Sin embargo,  de acuerdo con los testimonios de varias de las mujeres presentes, en la madrugada del 3 de abril, al menos 200 policías de Chimalhuacán portando armas automáticas y en conjunto con hombres vestidos de civil que portaban palos de madera; atacaron brutalmente a las mujeres que se econtraban a las afueras de la Fiscalía, incluyendo a la señora Irinea Buendía.

Los señalamientos por las víctimas mencionan que fueron golpeadas en el piso, y dos de ellas descalabradas. El lunes 4 de abril, Amnistía Internacional en México condenó el ataque y pidió a la Fiscalía del Estado de México investigar las violaciones a los derechos humanos de las manifestantes.

Caso de Mariana Lima Buendía avanza hacia la verdad y la justicia

El hashtag #ChimalhuacánFeminicida ha circulado en redes sociales haciendo referencia a la violencia que viven las mujeres de este municipio, y la colusión de las autoridades con estos delitos. Mientras tanto, el Gobierno de Chimalhuacán ha negado el ataque a pesar de los videos que circulan en redes en donde mujeres transmiten en vivo los momentos del ataque.

Colectivas feministas han también anunciado que seguirán protestando hasta que se obtenga justicia tanto por los  casos de Irene, su hija, y las manifestantes atacadas.

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Egresada de la carrera de ciencias políticas, fotoperiodista, y activista feminista. Documento el movimiento feminista en México, la resistencia de Pueblos Originarios ante proyectos extractivistas y la criminalización en contra de movimientos sociales y activistas.

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