En 2021, representantes de Ferromex intentaron desalojar a más de 400 familias de la colonia El Sol, en el Estado de México. Cuatro años después, los habitantes siguen viviendo entre la incertidumbre y la resistencia comunitaria.
Por Araceli Barón / @Somoselmedio
En mayo de 2021, los habitantes de la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, vivieron uno de los episodios más tensos de su historia. Representantes legales de la empresa Ferromex —filial del poderoso Grupo México Transporte— llegaron al barrio para informarles que tenían apenas dos días para desalojar sus viviendas.
El aviso, entregado de forma verbal y sin documentos oficiales, provocó miedo y confusión. En cuestión de horas, las calles se llenaron de rumores: que las casas serían demolidas, que la zona sería despejada para ampliar las inmediaciones de un aeropuerto cercano. Lo cierto es que cientos de familias, muchas asentadas desde la década de 1980, temieron perder el lugar donde habían levantado su vida.
“Llegaron con prepotencia, sin mostrar nada por escrito. Decían que teníamos que salir, que las máquinas vendrían en dos días. Nadie durmió esa noche”, recuerda Jesús García, ingeniero mecánico y habitante del barrio, en entrevista con Somoselmedio.
Al día siguiente, las excavadoras y camiones de carga aparecieron en las manzanas cercanas a las vías del tren. Algunos vecinos fueron testigos de cómo las primeras casas comenzaron a ser demolidas. “Nos dijeron que si no salíamos, tumbarían las viviendas con todo adentro”, relata García.
Ante la falta de información y la presencia de personal armado, la comunidad decidió organizarse. A través de un grupo de WhatsApp, los vecinos coordinaron reuniones urgentes y buscaron asesoría jurídica. Con apoyo de dos abogadas locales, promovieron un amparo colectivo que fue admitido el 26 de mayo de 2021, lo que permitió detener las demoliciones y suspender temporalmente cualquier acción de desalojo.
“Gracias al amparo, tuvimos un respiro. Nos dijeron que al menos cinco o diez años más podríamos estar tranquilos. Pero la incertidumbre sigue, porque nunca se nos ha dado una respuesta clara”, afirma el vecino.
Ferromex, una de las principales operadoras ferroviarias del país, pertenece al Grupo México Transporte (GMXT), propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. La empresa controla más de 9,600 kilómetros de vías férreas que conectan cinco ciudades fronterizas con Estados Unidos y cuatro puertos marítimos nacionales.
De acuerdo con información pública, Grupo México posee el 74 % de Ferromex, mientras que el 26 % restante está en manos de Union Pacific Corporation, con sede en Estados Unidos. Su red ferroviaria pasa por comunidades enteras en 24 estados del país, muchas de ellas asentadas cerca de zonas federales o terrenos en disputa.
El caso de El Sol no es aislado. En los últimos años, la compañía ha enfrentado quejas por contaminación, afectaciones a comunidades rurales y conflictos por uso de tierra, tanto en Sonora como en Veracruz. Pese a ello, las autoridades mexicanas han mantenido contratos y concesiones con el consorcio de Larrea, quien también controla las minas más grandes del país.
Cuatro años después del intento de desalojo, las familias de El Sol continúan viviendo con la preocupación de que Ferromex retome el proceso legal o administrativo para recuperar el terreno. Aunque las calles conservan su vida cotidiana —el tianguis semanal, los comercios, los niños que juegan cerca de las vías— el miedo a un nuevo operativo nunca se ha disipado.
“Cada vez que vemos pasar los trenes, recordamos aquel mayo. Nadie quiere volver a vivirlo”, dice García. Algunos vecinos han reforzado sus viviendas y guardan copias del amparo como si fueran un escudo. Otros, cansados de la incertidumbre, han decidido vender o mudarse.
Pese a todo, el barrio se mantiene unido. Los mismos grupos vecinales creados en 2021 hoy sirven para coordinar reparaciones, reuniones y actividades comunitarias. “Nos dimos cuenta de que sólo juntos podíamos defender lo nuestro”, comenta el ingeniero.
Hasta ahora, Ferromex no ha emitido un posicionamiento público sobre el caso, ni las autoridades locales han informado sobre la situación legal del terreno. Según especialistas consultados por organizaciones sociales, muchos de estos conflictos derivan de la falta de regularización de los asentamientos ubicados en terrenos considerados federales.
Sin embargo, los habitantes de El Sol aseguran que cuando llegaron al barrio, a principios de los años ochenta, las tierras ya estaban habitadas y con servicios públicos. “No invadimos nada —afirma García—. Nos vendieron los terrenos y aquí formamos nuestras familias. Si fuéramos invasores, el gobierno no nos habría dado luz ni agua.”
A cuatro años de aquel intento de desalojo, las familias siguen esperando certeza jurídica. El miedo permanece, pero también la dignidad. “Nos enseñaron que los papeles valen, pero la unión vale más”, dice Jesús García, mirando hacia las vías que cruzan su colonia.
