Ciudad de México, 01 de julio de 2020. Se cumplieron seis años de la masacre de Tlatlaya; el caso sigue impune y ejemplifica los riesgos de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La organización consideró que “continuar la militarización no reducirá la violencia y sí generará riesgos para los derechos humanos”.
El 30 de junio de 2014, en el contexto de la militarización de la seguridad pública, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el organismo nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió.
El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”.
Obviando los límites que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.
Por su parte, la PGR inició y consignó la Averiguación Previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares por el homicidio de 8 civiles y por encubrimiento, pero debido a que no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, estos fueron liberados con las reservas de ley por el Poder Judicial de la Federación en mayo de 2016, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.
Gracias a la incansable búsqueda de justicia de Clara Gómez González, quien perdió en los hechos a su hija Ericka, el 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia dictada dentro del Juicio 545/2017, que realizara con debida diligencia la investigación de los hechos, agotando la cadena de mando e investigando la orden castrense que instruía a abatir delincuentes.
En octubre de 2019, el sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México, ordenó detener de nuevo a los siete militares implicados en la masacre.
