En el foro “Memoria en Resistencia”, realizado en la UACM, familiares y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas denunciaron tres décadas de impunidad, recordaron a las 17 víctimas campesinas y exigieron al gobierno federal la reapertura del caso y la libertad del preso político Antonio Barragán.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2025.- A tres décadas de la masacre de Aguas Blancas, el dolor y la exigencia de justicia permanecen intactos. Este jueves, familiares y sobrevivientes de aquel crimen de lesa humanidad se reunieron en el domo del plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para realizar el foro “Memoria en Resistencia: violencia de Estado, impunidad y justicia pendiente”, un espacio de denuncia, memoria colectiva y exigencia al Estado mexicano.
El 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron asesinados por la policía estatal bajo las órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. La emboscada, planificada con precisión militar, dejó también más de 20 heridos y una herida histórica que aún no cicatriza.
Durante el foro, los testimonios de familiares y sobrevivientes recordaron la brutalidad con la que fueron ejecutados los campesinos. Norma Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y sobreviviente, denunció que el crimen no fue un enfrentamiento, como pretendió el gobierno de la época, sino una ejecución extrajudicial.
“A nuestros compañeros les dieron tiros de gracia. Fue una masacre cobarde de un gobierno genocida. Rubén Figueroa y su gabinete fueron responsables, junto con el ejército. Ninguno ha sido castigado y la justicia nos ha sido negada por más de 30 años”, declaró.
Mesino recordó que tras la masacre se intensificó la persecución contra la organización campesina: cientos fueron desplazados, encarcelados o asesinados. Entre ellos sus hermanos Miguel Ángel y Rocío Mesino, quienes fueron ejecutados años después en medio de la lucha por la justicia.
El testimonio de Gilberto Aguirre Baena, sobreviviente de Aguas Blancas, evidenció cómo la represión se extendió más allá de la masacre. Aguirre pasó 21 años en prisión, tras ser acusado con cargos fabricados y sometido a tortura. “Fui golpeado, perseguido y encarcelado por exigir justicia. Hoy pido reparación del daño y la libertad de mi compañero Antonio Barragán”, expresó.
La exigencia de libertad para Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente y preso político desde hace 24 años, fue un eje central del foro. Desde la cárcel envió un mensaje grabado.
“Soy un campesino que luchó por el bosque y el agua. Nunca cometí delitos, mi único ‘crimen’ fue ser pobre y organizarme. Llevo 24 años preso injustamente. Pido a este gobierno mi libertad y justicia para mis compañeros asesinados en Aguas Blancas.”
La UACM fungió como espacio para la memoria y la denuncia. El secretario general, Ernesto Guijosa Hernández, subrayó que recordar Aguas Blancas es también un deber académico y ético.
“La violencia de Estado no es un error del sistema, sino un método de gobierno. La universidad tiene la obligación de producir conocimiento situado y dar voz a quienes han vivido esta violencia. La memoria es una herramienta pedagógica y subversiva.”
En el mismo sentido, la profesora investigadora Evangelina Sánchez recordó que Aguas Blancas es parte de una cadena de crímenes de Estado en México: “Acteal, El Charco, Ayotzinapa… la impunidad se repite una y otra vez. La masacre fue genocidio contra campesinos indígenas que defendían sus bosques y sus derechos”.
Al foro también asistieron estudiantes y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron reconocidos como “testigos de honor”. La coincidencia no es menor: el Estado mexicano carga con deudas de justicia en Guerrero que se extienden hasta el presente.
Con pancartas, consignas y la lectura de los nombres de las 17 víctimas, los familiares cerraron el encuentro exigiendo la reapertura del expediente de Aguas Blancas y el fin del pacto de impunidad que protege a los responsables intelectuales.
“Las masacres no prescriben. Seguiremos exigiendo justicia, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, enfatizó Norma Mesino al concluir su intervención.
El foro dejó claro que la memoria no es un acto del pasado, sino un compromiso vivo que une a campesinos, sobrevivientes, familiares y estudiantes en la exigencia de justicia.
Treinta años después, Aguas Blancas sigue siendo una herida abierta en la historia de México. Los testimonios de sobrevivientes y familiares recordaron que la masacre no puede quedar en el olvido y que la justicia, aunque postergada, sigue siendo una deuda que el Estado mexicano debe saldar.
