Organizaciones y redes de 15 países de América Latina, junto con instancias internacionales, denunciaron el grave contexto de violencia, criminalización e impunidad que enfrentan las personas y comunidades defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, y exigieron a los Estados garantizar su labor, cumplir los tratados internacionales y detener la militarización de los territorios.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 4 de noviembre de 2025.- Más de 80 organizaciones, redes y plataformas de América Latina e internacionales —entre ellas Front Line Defenders, Global Witness, Amnistía Internacional y la Red TDT de México— emitieron un pronunciamiento conjunto durante el Encuentro Regional por el Derecho a Defender Derechos Humanos, en el que exigieron a los Estados de la región garantías efectivas para las personas y comunidades defensoras.
En el documento, representantes de Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México denunciaron que América Latina continúa siendo la región más peligrosa del mundo para ejercer la defensa de derechos humanos y del medio ambiente, con al menos 257 asesinatos y desapariciones registrados en 2024, de los cuales 119 correspondieron a defensoras y defensores ambientales, según datos de Front Line Defenders, Global Witness y la CIDH.
El pronunciamiento alerta sobre un patrón sistemático de violencias y amenazas, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, espionaje digital, represión de la protesta y violencia de género, con especial impacto sobre mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinas, garífunas y personas LGBTIQ+.
También señala la responsabilidad directa de agentes del Estado, crimen organizado y empresas privadas que actúan en complicidad o bajo la omisión de las autoridades, consolidando redes político-económicas que amenazan la vida y el trabajo de quienes defienden la tierra, el agua y los derechos colectivos.
Las organizaciones denunciaron la estigmatización y criminalización como estrategias para deslegitimar la labor de las personas defensoras, junto con el cierre de espacios cívicos, leyes anti-ONG y la falta de independencia judicial.
“Condenamos el retroceso democrático, la militarización de los territorios y la represión de la protesta social bajo regímenes de excepción”, expresaron, advirtiendo sobre la influencia de políticas exteriores militaristas y el avance de agendas extractivistas en la región.
El encuentro concluyó con un llamado urgente a los Estados latinoamericanos a cumplir con los tratados internacionales, incluido el Acuerdo de Escazú, y a abstenerse de aprobar leyes regresivas.
Asimismo, exhortaron a la comunidad internacional a mantener la solidaridad política, social y económica con quienes defienden los derechos humanos.
“Defender derechos no es un delito. Defender derechos es defender la vida. La solidaridad es nuestra mayor protección”, subraya el pronunciamiento.
