A casi 12 años sin paradero de sus hijos, las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa rompieron un cerco policiaco en Tlalpan y marcharon en la Ciudad de México exigiendo los 853 folios militares que el gobierno sigue negando.
Las familias de los 43 de Ayotzinapa se retiran de la CDMX sin mesa de diálogo: un cerco policiaco en la caseta de Tlalpan impidió el paso de 17 autobuses.
El CEPAD demanda la libertad inmediata para las 8 personas del 15N y denuncia un patrón de detenciones arbitrarias, fabricación de delitos y criminalización de jóvenes en Guadalajara.
Organizaciones y redes de 15 países de América Latina, junto con instancias internacionales, denunciaron el grave contexto de violencia, criminalización e impunidad que enfrentan las personas y comunidades defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, y exigieron a los Estados garantizar su labor, cumplir los tratados internacionales y detener la militarización de los territorios.
Colectivos, sindicatos y organizaciones indígenas de Oaxaca se reunieron en la Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social para denunciar el avance del autoritarismo, los megaproyectos y la violencia de género, y acordaron una agenda de articulación y movilización desde abajo y a la izquierda.
Tras una audiencia en Tlaxcalancingo, un juez determinó no vincular a proceso a Renato Romero Camacho, líder de la lucha contra el despojo de agua en la Cuenca Libres-Oriental. Colectivos celebran la decisión como un triunfo contra la criminalización de defensores ambientales.
En un contexto de creciente criminalización, la CRAC-PC alza la voz para defender su derecho a brindar seguridad y justicia en sus territorios, mientras denuncia la doble moral del Estado mexicano, que reprime a las comunidades indígenas pero permite la impunidad de grupos delictivos.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
