Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron retenidas más de una hora en la caseta de Tlalpan antes de alcanzar la marcha mensual. En el mitin, exigieron la entrega de 853 folios militares y la extradición de funcionarios prófugos, mientras denuncian que el gobierno de Sheinbaum criminaliza la protesta en lugar de avanzar en la investigación.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografias Por Erik Salinas / @erik.skelter y Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 26 de junio 2026.- Las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llegaron este viernes a la Ciudad de México después de ser detenidas por más de una hora en la caseta de Tlalpan, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina intentaron revisar los autobuses y las pertenencias de los pasajeros bajo un operativo de seguridad.
Los familiares rechazaron la inspección y calificaron el operativo como un acto de criminalización. Tras la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, las familias fueron escoltadas hasta el Ángel de la Independencia, desde donde arrancó a las cuatro de la tarde la 141 Acción Global por Ayotzinapa.
No es la primera vez en las últimas semanas que la caseta de Tlalpan opera como punto de contención. Desde el 8 de junio, el subsecretario Medina ha encabezado al menos tres operativos de bloqueo contra caravanas provenientes de Guerrero, argumentando en cada ocasión razones de “seguridad nacional”. En esos días, Tlachinollan documentó que las autoridades “irrumpieron sin permiso y sin orden de cateo”,con la instrucción de no dejar pasar a los normalistas ni a los familiares.
La marcha de este 26 de junio se realizó en un contexto marcado por la presencia del Mundial de Fútbol 2026, cuyos dispositivos de seguridad y eventos paralelos saturan las vialidades y los espacios públicos del centro de la capital. Las movilizaciones previas fueron reprimidas en el marco del inicio del torneo, afectando también a la CNTE, a colectivos de madres buscadoras y a otras organizaciones que ejercieron su derecho a la protesta social. Ese telón de fondo fue señalado de manera explícita en el mitin de la Plaza Palestina Libre, al que llegaron las familias después de pasar lista frente al antimonumento.
Desde la tribuna, un vocero del movimiento enumeró las contradicciones del operativo en Tlalpan: los mismos perros antimotines desplegados contra las madres y padres son los que el Estado dice no tener disponibles para las búsquedas de personas desaparecidas. “En el tema de las búsquedas, de las madres buscadoras y de los otros colectivos, les han dicho que no hay recursos, que no hay unidad canina para las búsquedas. Sin embargo, el día de hoy en el cerco policiaco que nos topamos, lo primero que vemos es precisamente la unidad canina supuestamente revisando qué les encuentran a los padres y madres de los 43”, señalaron en el mitin.
Don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 estudiantes, fue claro al nombrar la responsabilidad institucional acumulada a lo largo de tres gobiernos federales. “Seguimos viendo que este gobierno actual básicamente criminaliza la protesta por verdad y justicia. El problema no es nuestro, sino de ellos como autoridades, el no poder darnos verdad ni justicia. Ha sido incubador de los verdaderos responsables hasta el día de hoy”, afirmó ante las organizaciones reunidas en el mitin.
Señaló que el gobierno federal ha obstaculizado el acceso a 853 folios del Ejército —una de las líneas de investigación centrales identificadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— y que la presidenta Claudia Sheinbaum defiende a funcionarios cuestionados en lugar de exigirles que entreguen la información. En particular, mencionó al secretario de Seguridad capitalino Omar García Harfuch, a quien los familiares responsabilizan de tener información sobre la noche del 26 de septiembre de 2014.
María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, amplió las exigencias específicas: la entrega de los folios pendientes al CRDI —el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Militar—, considerado pieza clave en el caso, y la extradición de Ulises Bernabé, uno de los funcionarios prófugos sobre quienes las familias mantienen una línea de investigación abierta.
“Hoy íbamos llegando a la ciudad de México cuando mandaron un retén de policías. Hubo operativo. ¿Qué podemos traer nosotros, las madres de los 43? No nos querían dejar pasar, a fuerzas querían hacer una revisión. Nosotros decimos: ¿cómo es posible que los manden a esos policías? ¿Cómo no combaten al crimen organizado?”, declaró ante el mitin.
La voz de los estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tensó aún más el contraste entre los recursos destinados al Mundial y los que el Estado niega para la búsqueda. “Todo el dinero que ha invertido para este mundial, ¿por qué no lo ha invertido en aquellas primarias, en aquellos estudiantes conscientes? Se ha visto la decadencia en los pueblos marginados, en aquellos pueblos indígenas donde la educación no llega”, señalaron.
A casi doce años de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, las familias de los 43 normalistas siguen sin recibir información verificable sobre el paradero de sus hijos. Han visto pasar cuatro fiscales, dos gobiernos completos y el inicio de un tercero. La mayor preocupación de las organizaciones acompañantes, entre ellas Tlachinollan y la Red TDT, es que el gobierno de Sheinbaum ha abandonado las líneas de investigación trazadas por el GIEI, sobre todo la relacionada con los 853 folios del Ejército que en múltiples ocasiones han solicitado las madres y padres.
El movimiento cerró el mitin con la consigna que sostiene once años de búsqueda: porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
