Organizaciones de derechos humanos exigieron que su labor como buscadora sea la línea central de investigación; en Guanajuato, nueve personas buscadoras han sido asesinadas desde 2018 y seis permanecen desaparecidas.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Guanajuato, 25 de junio de 2026. Patricia Negrete Tafoya, defensora de derechos humanos e integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, fue asesinada la noche del martes 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato. Salía de su turno en el Hospital Regional del municipio cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se le emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones mientras ella conducía la suya.
Patricia buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida el 5 de enero de 2021. Cinco años de búsqueda, de acompañamiento a otras familias, de exigencia de verdad ante las instituciones. Su asesinato vuelve a colocar en el centro la violencia que enfrentan quienes realizan en Guanajuato una tarea que debería corresponder al Estado.
“El pasado martes 23 de junio, después de las 10 de la noche, nuestra compañera Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, fue asesinada por un grupo armado al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo”, denunció el colectivo Desaparecidxs Guanajuato en un pronunciamiento público. La organización advirtió que las familias buscadoras han tenido que enfrentar no solo la ausencia de sus seres queridos, sino también la revictimización institucional, la indiferencia social y las agresiones de grupos criminales.
Con el asesinato de Patricia, el registro de Desaparecidxs Guanajuato contabiliza nueve personas buscadoras asesinadas en la entidad desde 2018; seis más permanecen desaparecidas. Organizaciones de derechos humanos han señalado que Guanajuato es uno de los estados con mayor riesgo para quienes realizan búsquedas en campo, acompañan casos y denuncian la falta de resultados institucionales.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una alerta urgente y exigió que los hechos sean investigados de manera pronta, diligente y con perspectiva de derechos humanos y de género. La Red demandó que la labor de Patricia como buscadora y defensora sea considerada como línea central dentro de la investigación, no como un dato secundario.
Al pronunciamiento se sumaron el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que exigieron garantías de protección para personas buscadoras y sus familias. El Sistema Universitario Jesuita se pronunció también, señaló que el crimen forma parte de un patrón de violencia sistemática contra buscadoras en el país y exigió la identificación de los responsables materiales e intelectuales.
Organizaciones denunciaron además la respuesta inicial de las autoridades: el asesinato de Patricia no habría sido incorporado de inmediato en los reportes oficiales, y la Fiscalía General del Estado confirmó la apertura de una investigación solo después de cuestionamientos periodísticos. Para los colectivos, esa omisión profundiza el riesgo estructural que viven las familias buscadoras.
“Buscar a una persona desaparecida no debe costar la vida. La búsqueda de personas desaparecidas es un derecho y el derecho a ser buscado una obligación que el Estado debe garantizar y proteger”, señalaron las organizaciones en sus pronunciamientos.
Patricia Negrete Tafoya buscaba a su hermana. La mató un grupo armado mientras volvía del trabajo. El Estado no la protegió.
