El CEPAD demanda la libertad inmediata para las 8 personas del 15N y denuncia un patrón de detenciones arbitrarias, fabricación de delitos y criminalización de jóvenes en Guadalajara.
Por Redacción / @Somoselmedio
Guadalajara, Jalisco, 26 de noviembre 2025.- El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) alertó sobre graves violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades estatales durante y después de la protesta del 15 de noviembre en Guadalajara y exigió la libertad inmediata y sin cargos de las ocho personas que siguen vinculadas a proceso, siete de las cuales permanecen en prisión preventiva justificada.
En un pronunciamiento difundido este 25 de noviembre, la organización afirmó que las detenciones de las 40 personas aprehendidas ese día fueron ilegales, arbitrarias y sustentadas en pruebas insuficientes o inexistentes. De acuerdo con el documento, la audiencia de vinculación celebrada el 20 de noviembre concluyó con la apertura de proceso penal únicamente por el delito de daño a monumentos históricos, pese a que el Ministerio Público había intentado imputar también lesiones, ataques a la autoridad y daño en las cosas.
Las 32 personas restantes fueron liberadas bajo reserva de ley, lo que significa que seguirán sujetas a investigación durante seis meses y podrían volver a ser llamadas a proceso. El CEPAD subrayó que esta situación mantiene en incertidumbre jurídica a jóvenes que, según múltiples testimonios y registros audiovisuales, fueron detenidos sin estar cometiendo delito alguno. La organización expuso que la acusación presentada ante el juez se basó exclusivamente en el Informe Policial Homologado y en las declaraciones de los mismos agentes que realizaron las detenciones.
Ninguna evidencia material fue presentada: no hubo videos, no se aseguraron objetos como palos o piedras y no se documentaron daños directos atribuibles a las personas detenidas. Por el contrario, los testimonios recabados por el CEPAD, así como videos difundidos en medios y redes sociales, muestran que la intervención policial inició después de las 18:15 horas, a pesar de que 17 policías aseguraron haber detenido simultáneamente a las 40 personas a las 17:40 horas en tres lugares diferentes.
“Estas inconsistencias, subraya la organización, desmontan la narrativa institucional que justificó el uso de la fuerza.”
El CEPAD también denunció que las personas jóvenes fueron sometidas sin resistencia mediante golpes, toletes y patadas, tanto en la vía pública como dentro del Palacio de Gobierno. Algunas refirieron haber sido despojadas de sus carteras e identificaciones, lo que posteriormente fue utilizado por la Fiscalía para argumentar que carecían de domicilio verificable y representaban un supuesto riesgo para la sociedad. Incluso las supuestas víctimas de agresiones —policías lesionados— no se presentaron a las audiencias, y los agentes investigadores se limitaron a anexar capturas de Google Maps para alegar la imposibilidad de confirmar domicilios.
La actuación del juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz también fue señalada como irregular, al reconocer delitos federales sin tener competencia y al dictar prisión preventiva justificada sin sustento. Para el CEPAD, estas decisiones violaron el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la prohibición de detenciones arbitrarias. El caso, aseguró, refleja un patrón de criminalización sistemática hacia jóvenes por su apariencia, vestimenta, presencia en el espacio público o por registrar los hechos con sus teléfonos.
El pronunciamiento también cuestionó la participación del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien ha difundido afirmaciones que no corresponden al expediente judicial, como asegurar que las ocho personas vinculadas “golpearon a mujeres policías”. De acuerdo con el CEPAD, este tipo de declaraciones estigmatiza a las juventudes y a quienes ejercen su derecho a la protesta social, además de violentar la autonomía del Poder Judicial y promover una narrativa criminalizante y xenófoba.
La organización sostuvo que la no vinculación a proceso de 32 personas no puede interpretarse como absolución, ya que el Ministerio Público mantendrá abierta la investigación. Por ello, demanda la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal y la liberación inmediata de los jóvenes aún encarcelados.
El CEPAD también exigió la liberación de las cuatro personas menores de edad que continúan privadas de la libertad en un albergue estatal, así como el cese de discursos oficiales que deslegitiman la protesta. Finalmente, llamó al Gobierno de Jalisco a publicar el decreto que crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, una herramienta que considera indispensable frente a la actuación violenta y discriminatoria de las corporaciones policiales.
El CEPAD concluyó que las detenciones del 15N exhiben una política estatal de represión y estigmatización contra las juventudes que deciden protestar. Según su análisis, “la respuesta institucional no solo viola derechos fundamentales, sino que envía un mensaje de criminalización hacia quienes cuestionan al poder y ejercen libertades cívicas esenciales para la vida democrática.”
