Organizaciones civiles de derechos humanos presentaron hallazgos preliminares de su Misión Civil de Observación en San Lorenzo Azqueltán, Jalisco, donde la comunidad tepehuana-wixárica enfrenta despojo, criminalización e impunidad por el asesinato del comunero Marcos Aguilar.
El CEPAD demanda la libertad inmediata para las 8 personas del 15N y denuncia un patrón de detenciones arbitrarias, fabricación de delitos y criminalización de jóvenes en Guadalajara.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo documentó tortura y desapariciones forzadas de corta duración durante operativo del 15N en Jalisco; juez valida detenciones a pesar de irregularidades.
El órgano de consulta (CEPAD), que integra a familiares de personas desaparecidas por particulares, organizaciones civiles y especialistas, hizo un llamado a los representantes del Congreso Legislativo para que la convocatoria emitida para cubrir áreas que velen por los derechos y garantías, así como para llevar a cabo una investigación adecuada en los casos de desaparición de personas, se realice con una meticulosa revisión para integrar perfiles adecuados con lo requerido para el cargo.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
