El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo documentó tortura y desapariciones forzadas de corta duración durante operativo del 15N en Jalisco; juez valida detenciones a pesar de irregularidades.
Por Redacción / @Somoselmedio
Guadalajara, Jalisco, 20 de noviembre 2025.- El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció “graves violaciones a los derechos humanos” durante la manifestación del 15 de noviembre en Guadalajara. A través de un comunicado describe una respuesta estatal “desproporcionada” que reproduce “patrones históricos de represión en Jalisco”.
La organización documentó, a través de testimonios y material audiovisual, que policías uniformados y de civil realizaron “detenciones arbitrarias y violentas” en los alrededores del Palacio de Gobierno. Según el CEPAD, estas acciones incluyeron a personas que ni siquiera participaban en la protesta.
El CEPAD detalló que los detenidos fueron sometidos a “agresiones físicas que podrían constituir actos de tortura”, además de sufrir incomunicación y retrasos injustificados en su presentación ministerial. Alertaron que la falta de registro oficial podría configurar “desapariciones forzadas de corta duración”.
Estas acusaciones contrastan con la postura del gobierno estatal. El gobernador Pablo Lemus emitió una “dura advertencia” a los 17 detenidos identificados como presuntos participantes en los disturbios de la marcha de la “Generación Z”.
Las acusaciones formales incluyen “daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos” como delito principal. Tres detenidos enfrentan cargos adicionales por “daño en las cosas”, mientras cuatro más son acusados de “lesiones y delitos contra representantes de la autoridad”.
Familiares de los 40 detenidos -35 hombres y 5 mujeres- han señalado posibles irregularidades. Afirman que muchos jóvenes fueron detenidos lejos de la zona de disturbios y sin información clara sobre los cargos en su contra.
El CEPAD manifestó “seria preocupación” porque las autoridades judiciales hayan validado estas detenciones. Cuestionaron específicamente al juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz, quien calificó como legales unas detenciones “violentas y plagadas de irregularidades”.
El CEPAD reportó que solo se asignaron “dos defensores de oficio para atender a 39 personas detenidas”, imposibilitando un acompañamiento legal adecuado.
El pronunciamiento también critica a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por no pronunciarse firmemente ante estos hechos. Señalan que inicialmente validó la actuación de las autoridades, mostrando “preocupante permisividad institucional”.
Ante esta situación, el CEPAD exigió la liberación inmediata de los detenidos arbitrariamente y una investigación exhaustiva de las violaciones a derechos humanos. También demandó la publicación urgente del decreto que crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
