Tras casi un año de campamento y bloqueo a la minera, la asamblea ejidal de Carrizalillo acordó permitir el ingreso de Equinox Gold para atender sanciones ambientales y procesos de remediación, mientras continúa la negociación de un convenio de largo plazo bajo vigilancia comunitaria.
Por Redacción / @Somoselmedio
Después de casi un año de conflicto y de mantener un campamento permanente frente a una de las entradas de la mina, la asamblea ejidal de Carrizalillo acordó permitir el ingreso de la empresa minera Equinox Gold con una condición central: que se atiendan las sanciones ambientales y se realicen las acciones de remediación exigidas por las autoridades federales.
La decisión fue tomada el 4 de marzo de 2026, luego de un proceso de diálogo iniciado en febrero entre representantes del ejido y directivos de la empresa minera. El acuerdo busca distender un conflicto que se prolongó durante meses y que tuvo como eje central denuncias comunitarias por violaciones a derechos, afectaciones ambientales y prácticas discriminatorias por parte de la compañía.
Durante casi un año, habitantes de Carrizalillo instalaron un campamento frente a la puerta 4 de la mina, denunciando que la empresa había actuado con dolo, violentado la ley ambiental y buscado continuar sus operaciones mediante mecanismos de presión y división comunitaria.
Desde el inicio del conflicto, las autoridades agrarias del ejido señalaron que la empresa debía dialogar con respeto con las comunidades anfitrionas, independientemente de si su decisión era continuar con el proyecto minero o cerrar operaciones.
Durante ese periodo, la comunidad denunció la actuación del responsable de desarrollo comunitario de la empresa, a quien acusaron de promover procesos de desinformación, amenazas y promesas de desarrollo que —según la asamblea— carecían de sustento técnico, financiero o social.
Las tensiones escalaron a lo largo de 2025 y se profundizaron por la participación de operadores políticos estatales que, según los ejidatarios, actuaron como portavoces de la empresa en lugar de atender las demandas de las comunidades.
El proceso comenzó a modificarse a finales de febrero, cuando la empresa decidió remover de la negociación a su anterior responsable de desarrollo comunitario.
A partir de entonces, representantes de Equinox Gold —entre ellos el gerente André Souza y el vicepresidente Armando Fausto— iniciaron nuevas conversaciones con la mesa agraria del ejido.
Según el comunicado comunitario, el nuevo diálogo permitió abandonar la lógica de imposición que había caracterizado las negociaciones anteriores y abrir un proceso de discusión sobre la continuidad del proyecto minero conocido como “Nuevo Filos”.
El acuerdo alcanzado contempla que la empresa pueda ingresar nuevamente a la zona para realizar trabajos específicos: ejecutar el plan de remediación ambiental, dar mantenimiento a las instalaciones existentes, avanzar en procesos técnicos vinculados a la operación minera.
Estas acciones son necesarias para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) evalúe el levantamiento de las clausuras existentes y para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revise el Manifiesto de Impacto Ambiental relacionado con la reconfiguración del proyecto.
El convenio firmado entre el ejido y la empresa establece un periodo de 15 meses: un año correspondiente al tiempo del campamento y tres meses adicionales durante los cuales la empresa podrá operar sin restricciones.
Sin embargo, la asamblea ejidal advirtió que mantendrá vigilancia permanente sobre el cumplimiento de los acuerdos.
Las autoridades comunitarias señalaron que las experiencias previas con la empresa han dejado más incertidumbre que confianza, por lo que el seguimiento del proceso será constante.
El conflicto en Carrizalillo refleja una tensión estructural presente en múltiples regiones mineras de México: la disputa entre proyectos extractivos, derechos de las comunidades agrarias y obligaciones ambientales del Estado.
En este contexto, las decisiones que adopten las autoridades federales —particularmente Profepa y Semarnat— serán determinantes para evaluar si la empresa cumple con las obligaciones legales derivadas de las sanciones ambientales y si el proyecto minero puede continuar bajo nuevas condiciones.
Para la comunidad, el proceso apenas inicia. Mientras se discute un convenio de largo plazo, el ejido sostiene que la prioridad seguirá siendo garantizar el respeto a sus derechos colectivos, la reparación de los daños ambientales y la reconstrucción de condiciones de diálogo que durante años estuvieron marcadas por el conflicto.
