La asamblea ejidal de Carrizalillo permitió el ingreso de Equinox Gold para remediación ambiental y mantenimiento del proyecto minero “Nuevo Filos”, tras un año de conflicto por violaciones ambientales y derechos comunitarios.
El ejido Carrizalillo, ubicado en Guerrero, denunció en una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que lleva cinco meses acampando frente a las instalaciones del complejo minero “Los Filos”, operado por la empresa canadiense Equinox Gold, sin que sus demandas de justicia, reparación y respeto a la libre determinación hayan sido atendidas.
En Lomas del Mirador, Tlajomulco, hay una mujer a la que todos conocen como La Doña. Sin cargo público ni reflectores, ha exigido agua, escuelas, espacios dignos y ahora, una guardería para las infancias de su colonia. Esta es la historia de María Luisa, una activista que no espera promesas: trabaja por la dignidad desde abajo.
En un posicionamiento crítico, la Mesa Agraria de Carrizalillo cuestionó el discurso oficial del “Foro Guerrero Minero 2025” y denuncia las afectaciones ambientales y sociales causadas por Equinox Gold, señalando que su realidad está más cerca de una “desgracia compartida” que de una verdadera corresponsabilidad minera.
La Mesa Agraria de Carrizalillo denunció que la empresa minera canadiense Equinox Gold suspendió operaciones sin rehabilitar las tierras y sin pagar la renta correspondiente; también cuestionaron el papel del gobierno estatal de Guerrero en el conflicto.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
