Denuncian que industria minera en Guerrero profundiza pobreza y daño ambiental mientras empresas acumulan riqueza.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 29 de mayo 2025.- En el marco del foro Guerrero Minero 2025: Prosperidad Compartida, que se llevó a cabo el martes 27 de mayo donde se destacó que el estado es el quinto productor minero del país, organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas denunciaron que la actividad extractiva sólo ha dejado pobreza, despojo y devastación ambiental.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP) alertaron sobre el impacto de las mineras en regiones como Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la canadiense Equinox Gold operó por años, dejando a su paso tierras inservibles, manantiales secos y comunidades sin medios de subsistencia.
Aunque autoridades y empresas mineras prometen “prosperidad compartida”, la realidad en Guerrero es otra: el 85% del territorio de Carrizalillo fue rentado a Equinox Gold, dejando a los ejidatarios sin tierras para cultivo. Cuando la minera cerró, más de mil trabajadores quedaron desempleados de un día para otro, sin indemnización ni apoyo del sindicato.
“Los empresarios pueden decir que dejaron maquinaria, pero en Guerrero los contratos están acaparados. Las comunidades se quedan sin renta, sin tierra y sin futuro”, denunció PIAP. Además, la empresa se negó a realizar un cierre responsable, sin restaurar los daños ambientales en zonas como El Bermejal, donde el agua y los bosques desaparecieron.
Armando Galeana, integrante de Tlachinollan, señaló que en La Montaña y Costa Chica de Guerrero hay 14 concesiones vigentes y 15 en trámite, incluyendo una que abarca 555 mil hectáreas (80% del territorio). Pese a que no hay explotación activa, las comunidades indígenas se organizan para blindar sus tierras mediante estatutos agrarios que prohíben proyectos extractivos. “Las mineras prometen desarrollo, pero en Carrizalillo solo dejaron cerros de polvo. No vamos a permitir que acaben con nuestros manantiales”, afirmó Galeana.
Ante el argumento de que los minerales son “necesarios” para energías limpias, las organizaciones cuestionan el modelo extractivo actual: “No se puede hablar de sustentabilidad cuando se destruyen bosques y se secan manantiales. El costo lo pagan los pueblos pobres”, explicó PIAP.
Además, señalaron que programas gubernamentales como Sembrando Vida no mitigan la deforestación, mientras grupos criminales aprovechan el vacío de poder en zonas abandonadas por el Estado.
Mientras el gobierno estatal insiste en que la minería genera ingresos, las comunidades exigen políticas públicas que prioricen su autonomía y el cuidado ambiental. “La Montaña ya se declaró libre de minería. Seguiremos resistiendo”, concluyó Galeana.
