Colectivas y organizaciones feministas han denunciado irregularidades y violaciones a los derechos humanos en el juicio de Roxana Ruiz, quien fue condenada a prisión por defenderse de su agresor sexual.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Decenas de mujeres se congregaron el día de hoy en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para marchar hacia la Victoria Alada, exigiendo justicia y libertad para Roxana Ruiz.
La manifestación surgió como respuesta a la sentencia de 6 años y 2 meses de prisión dictada por la jueza Mónica Osorio Palomino el pasado 15 de mayo, tras la defensa que Roxana realizó ante su agresor sexual.
En un mitin realizado en las escalinatas de la Víctoria Alada, colectivas y organizaciones feministas denunciaron que el juicio de Roxana Ruiz ha estado plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos. También señalaron la omisión de los protocolos de género dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales establecen que las mujeres se encuentran en una posición de mayor desventaja en un enfrentamiento físico.
En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció durante la conferencia mañanera del pasado 19 de mayo. En sus declaraciones, AMLO afirmó que se está evaluando la posibilidad de otorgar un indulto a Roxana Ruiz, y aseguró que, de ser factible, se llevaría a cabo durante su gobierno.
Sin embargo, el abogado de Roxana, Ángel Carrera, destacó que aceptar el indulto propuesto por el presidente sería equivalente a aceptar la culpabilidad de su defendida. Además, subrayó que la sentencia actual criminaliza no solo a Roxana, sino también a todas las mujeres que se defienden ante cualquier tipo de agresión.
La situación de Roxana Ruiz ha generado un intenso debate sobre la violencia de género y el derecho de las mujeres a la autodefensa. Colectivos feministas y defensores de los derechos humanos exigen un proceso justo y el respeto a los protocolos de género establecidos por la SCJN.
Roxana Ruiz Santiago, es una joven indígena originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que migró al municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Su caso ha generado una gran atención pública y se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres.
