El Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, Amealco, acusó a dependencias federales y estatales de violentar sus derechos, saquear sus recursos hídricos y reprimir a sus defensores. Anunciaron la decisión comunal de ejercer su autogobierno “con y sin permiso del Estado” para proteger su territorio.
Por Redacción / @Somoselmedio
Querétaro, 21 de agosto de 2025. El Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán denunció que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) simuló un proceso de diálogo mientras mantenía acciones que, junto con la Comisión Estatal de Aguas (CEA), vulneraron los derechos de autonomía, autodeterminación y acceso al agua de la comunidad indígena. En un comunicado difundido este 21 de agosto, la asamblea comunitaria sostuvo que el Estado mexicano continuó una política de despojo y discriminación en su territorio.
El Concejo recordó que desde junio de 2022 existían acuerdos con la CEA para avanzar en la restitución de los pozos comunitarios y sus concesiones. Sin embargo, acusó que lejos de cumplir, la dependencia intensificó el despojo mediante la extracción ilegal de agua a través de pipas y tuberías, el suministro de agua de mala calidad y el sabotaje intencional del sistema eléctrico para dejar sin abastecimiento a la población.
La comunidad afirmó que la detención arbitraria de la defensora Estela Hernández Jiménez, ocurrida el 4 de junio de 2025 con evidentes signos de tortura, fue parte de una estrategia de hostigamiento estatal. En respuesta, la asamblea realizada el 14 de junio acordó expulsar a la CEA de su territorio y ejercer el control autónomo sobre el agua y la infraestructura hidráulica, comenzando por el pozo de Barrio Cuarto y sus concesiones identificadas con los folios 08QRO103608/12HMDL12 y 08QRO103093/12HMDL10.
El Concejo recordó que el artículo 2º de la Constitución mexicana, reformado en 2024, reconoció a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin necesidad de tutela estatal. Además, subrayó que el artículo 4º garantiza el derecho humano al agua, mientras que el Convenio 169 de la OIT protege los territorios indígenas en toda su extensión, incluyendo los recursos naturales.
Con base en estos marcos jurídicos, exigió al juez séptimo de distrito ordenar la restitución integral del pozo de Barrio Cuarto y de toda la red de agua potable de Santiago Mexquititlán, señalando que Conagua tiene la competencia legal y técnica para hacerlo.
Denuncia de complicidad y discriminación
El Concejo acusó a la Conagua y a la CEA de actuar en complicidad con autoridades municipales, estatales y operadores privados para favorecer la explotación de los acuíferos de Querétaro. En el comunicado se enlistaron al menos 17 empresas inmobiliarias y de servicios que, según la comunidad, operaron con concesiones irregulares mientras se negó el derecho al agua a pueblos originarios.
“La discriminación del Estado quedó reafirmada al privilegiar a operadoras privadas del agua en Querétaro y desplazar de manera criminal a nuestra comunidad originaria”, advirtió el Concejo en su posicionamiento.
La asamblea comunitaria declaró que no ingresaría a las instalaciones de la Conagua por el riesgo a su integridad física, pero mantuvo su disposición a sostener mesas públicas de trabajo bajo sus propios términos. Además, anunció que nombraría traductores propios en rechazo a los intérpretes impuestos por el Estado, a quienes acusó de actuar en contra de los intereses de la comunidad.
“El agua es del pueblo y no del mal gobierno, el territorio es del pueblo y no del Estado”, reiteró el Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán al cerrar su comunicado, en el que enfatizó que la defensa del agua y el territorio seguiría siendo un acuerdo colectivo inquebrantable.
