Ciudad de México, 06 de septiembre de 2021. Luego de las agresiones y amenazas de elementos de la Guardia Nacional contra familiares de una persona desaparecida en León, Guanajuato, colectivos de familias en búsqueda y organizaciones de la sociedad civil exigieron un plan urgente de protección para las personas agredidas y para las buscadoras en ese estado.
El pasado 3 de septiembre, elementos de la corporación militarizada ingresaron violentamente y sin orden de aprehensión al domicilio de una mujer que busca a su esposo desaparecido, poniendo como pretexto haber recibido una denuncia anónima. Además de agredir físicamente a un adulto mayor, a un niño y a una mujer, causaron daños materiales y amenazaron con desaparecer a otro familiar.
Las organizaciones y colectivos denunciaron que, antes del asesinato de la buscadora Rosario Zavala, se registraron episodios similares de hostigamiento en su contra.
“A las Organizaciones y Colectivos firmantes, nos preocupa particularmente el clima de inseguridad y hostilidad en el que las buscadoras guanajuatenses desarrollan sus actividades de búsqueda y en las que viven cotidianamente. Los asesinatos de Rosario Zavala y de Francisco Javier Barajas dan cuenta de ello”, advirtieron en una carta pública.
Las y los defensores de derechos humanos exigieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita una Recomendación en el caso de Rosario Zavala, pues ya ha tardado más de 6 meses en concluir su investigación de los hechos, incluyendo la actuación de oficiales y superiores jerárquicos en su línea de mando.
También pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a que deslinde responsabilidades por los delitos cometidos el 03 de septiembre contra la buscadora y su familia, y que dé seguimiento a las medidas de protección dictadas en la denuncia iniciada ante FGR.
A la Guardia Nacional se le exigió que cese el hostigamiento contra buscadoras de personas desaparecidas y que inicie una investigación de los elementos y su cadena de mando. “Adicionalmente debe cumplir las medidas cautelares solicitadas en el caso, repare el daño y a que TOME como medida inmediata, la suspensión de estos elementos considerándolos un riesgo para los derechos humanos”, agregaron.
Se pidió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que, en coordinación con el organismo estatal que ya interviene en el caso, supervise las medidas de protección, la atención de la familia y garantice la participación en las búsquedas para todas las integrantes de los Colectivos de Búsqueda.
A la Secretaría de Gobernación se le exigió que establezca urgentemente un Plan Emergente de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guanajuato, además de atender el caso particular, en diálogo con las autoridades estatales y municipales.
