A tres años de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, familias y organizaciones realizaron un acto de memoria en el Zócalo de la Ciudad de México. Mecanismos internacionales reiteran que el Estado mexicano no ha cumplido con la búsqueda efectiva ni con la rendición de cuentas.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 15 de enero 2026.- La desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz cumplió tres años este 15 de enero de 2026 sin que las autoridades mexicanas informen su paradero ni presenten avances sustantivos en la investigación. Familiares de ambos defensores del territorio se concentraron en el Zócalo capitalino para exigir verdad, justicia y búsqueda efectiva.
Ricardo Lagunes, abogado en derechos humanos, y Antonio Díaz, líder indígena nahua, fueron vistos por última vez el 15 de enero de 2023 en el estado de Colima, tras participar en una reunión comunitaria vinculada a la defensa del territorio de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Michoacán. Desde entonces, su ausencia se inscribe en el contexto de violencia contra personas defensoras del medio ambiente y pueblos indígenas en México.
La desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz ha sido reconocida por instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la Medida Cautelar 42-23 al considerar que ambos enfrentan un riesgo grave, urgente e irreparable, y ordenó al Estado mexicano intensificar las labores de búsqueda e investigación. Sin embargo, de acuerdo con las familias, dichas medidas no se han traducido en resultados concretos.
En enero de 2024, durante el Examen Periódico Universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Estado mexicano recibió recomendaciones explícitas para esclarecer este caso y fortalecer la protección a personas defensoras del territorio. Posteriormente, en 2025, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas alertó sobre un patrón global de desapariciones vinculadas a intereses económicos en contextos de defensa de la tierra y los recursos naturales.
Según un comunicado de expertos de la ONU, la desaparición de Lagunes y Díaz ocurrió en el marco de un conflicto por recursos naturales entre la comunidad indígena y la empresa minera Ternium, parte del grupo Techint. Los expertos subrayaron que, hasta ahora, no existe una respuesta efectiva del Estado ni una cooperación plena de la empresa señalada en los procesos de búsqueda.
Durante el acto conmemorativo en el Zócalo, familiares colocaron un memorial con los nombres de personas desaparecidas en distintos puntos del país y compartieron semillas como símbolo de vida, memoria y resistencia. “Queremos que estén aquí, clavados en el corazón de esta ciudad, para que no se le olvide a nadie que los queremos de vuelta”, expresó la hermana de Ricardo Lagunes.
Las familias denunciaron que, pese a las advertencias internacionales, persisten la simulación institucional, la fragmentación de las investigaciones y el silencio oficial. Recordaron que el caso de Ricardo y Antonio forma parte de una crisis más amplia: más de 130 mil personas desaparecidas en México, en un contexto que organizaciones de derechos humanos describen como de macrocriminalidad e impunidad estructural.
Como parte de sus exigencias, los familiares —acompañados por organizaciones como Global Rights Advocacy y Seattle University Human Rights Clinic— demandaron al Estado mexicano ampliar las investigaciones a actores estatales y privados, fortalecer la cooperación internacional, reconocer el patrón de violencia contra defensores del territorio y garantizar la rendición de cuentas empresarial.
A tres años de los hechos, el caso de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz sigue siendo un símbolo del riesgo que enfrentan quienes defienden la tierra y los derechos colectivos en México, así como de la deuda pendiente del Estado con la verdad, la justicia y la memoria.
