Organizaciones del Frente de Organizaciones Oaxaqueñas alertan sobre criminalización de defensores, privatización de playas y expansión de megaproyectos turísticos en territorios comunales.
Por Giselle Velasco Matías / @arlette_giselle
El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) denunció el avance sistemático de proyectos turísticos e inmobiliarios que buscan apropiarse de territorios comunales y playas en la Costa de Oaxaca. A través de un boletín de presa, emitido el 10 de marzo del presente año, el FORO alertó sobre la situación compleja que persiste en las diferentes regiones del estado, donde predominan conflictos territoriales, disputas por la tierra, el agua y los bienes naturales, así como violencia e imposición de megaproyectos, a los cuales se le suma un clima de hostigamiento y criminalización contra las personas que defienden el territorio.
En el comunicado, el FORO pronunció una serie de exigencias puntuales, entre ellas, la solución inmediata al tema del despojo de tierras que enfrenta Miguel Sánchez Hernández en playa Salchi en la Costa oaxaqueña, a quien, en los últimos años, “el Cártel del Despojo” ha intentado arrebatarle 10 hectáreas de terreno. Asimismo, se solicitó justicia para las familias de Playa El Coyote en Santa María Huatulco, quienes resisten contra el despojo de sus tierras a manos de Israel Carreño Morales, vinculado a proceso por el delito de despojo (Causa Penal 103/2025) y quien, según argumentan las organizaciones, encabeza dicho cártel.
Además, se solicitó poner alto a la persecución legal contra Hortencia Chávez Ramos, Oralia Ramírez Chávez, Ernesto Chávez y Noé López Rojas, defensores de Playa El Coyote. De igual forma, el FORO exigió un freno a la judicialización y amenazas contra los integrantes de la Legítima Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul, principalmente contra Saúl Robles Aragón y Román Sosa Miñon.
En el boletín, el FORO rechazó la privatización de playas y se pronunció contra el proyecto residencial Punta Faro en El Coyul, impulsado por, según afirman, la apócrifa Sociedad Oax S.C. y la fraudulenta organización llamada Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI).
Frente a tal situación, se exhortó a las comunidades costeras, y del territorio oaxaqueño en general, a seguir manteniendo procesos organizativos y de defensa del territorio. Así mismo, en el comunicado, se invitó a reforzar el vínculo entre la lucha del campo y la ciudad, poniendo énfasis en el derecho al trabajo, el territorio y a una vida digna.
“Nos movilizaremos para enfrentar estas políticas y proyectos que avanzan con la omisión y en muchos casos la complicidad del Estado frente a los intereses económicos que buscan apropiarse de nuestros territorios”, agregan en el comunicado las organizaciones que integran el FORO.
Aunado a lo anterior, se suman otras demandas relacionadas con el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano y el alto a las altas tarifas de la energía eléctrica, cortes del servicio y hostigamientos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la región del Istmo, al tráfico de especies endémicas y nativas, a la gentrificación y turistificación de los territorios, así como al desplazamiento y despojo a raíz del Mundial 2026.
El FORO es una articulación de organizaciones políticas, indígenas, campesinas y populares, entre ellas el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (CODEPO), el Frente Indígena Zapoteco (FIZ), el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS), el Frente Popular 14 de Junio y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), las cuales se definen bajo un carácter anticapitalista, antielectoral y antipatriarcal con una perspectiva de izquierda democrática y revolucionaria.
En 2025, la organización Mongabay documentó que el boom inmobiliario que trajo la construcción de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, que conecta la capital del estado con la región Costa de Oaxaca generó pérdida de hábitat en playas y zonas aledañas, donde el avance de la mancha urbana ha llegado a deforestar al menos 92 hectáreas de mangle en la zona.
