Estamos en la víspera de la elección del próximo domingo primero de julio. Este día se definirá el rumbo que tendrá el país los próximos seis años. A diferencia de las elecciones que privaron en el siglo XX en el periodo pos revolucionario, donde sin la necesidad de ir a las urnas se sabía el ganador, hoy tenemos por lo menos opciones para elegir. Durante el periodo de la hegemonía priista, el candidato del partido del presidente era quien tenía asegurado el triunfo. Ir a votar simplemente era un simulacro pues la elección estaba cantada.
Las reformas de 1996 tuvieron su primer efecto al año siguiente cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Aunado a ello, a partir del año 2000 las elecciones se convirtieron en un momento de indefinición para los contendientes. Fue ahí que se vio la necesidad de hacer cambios a la legislación electoral pues las demandas de la sociedad eran cada vez mayores.
En efecto, la participación de la sociedad civil ha sido la que en buena medida ha impulsado las reformas que han dado otra cara al sistema electoral en México. A partir de los resultados de la elección de 1988 se presentó una especie de despertar de la sociedad que durante años estuvo condenada a soportar las imposiciones presidenciales. Desde luego, en este devenir contribuyó mucho el movimiento estudiantil de 1968, y ya en los años noventa, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 e infinidad de movimientos sociales que impulsaron la creación de reformas.
A partir de ahí han surgido diversas organizaciones que han demandado al gobierno en turno que se escuchen las demandas de la sociedad que van más allá de los partidos, pues con las reformas a la legislación electoral, los partidos se distribuyeron el pastel de tal manera que cerraron a otras opciones que representaran a los ciudadanos. Si bien hubo reformas para permitir las iniciativas ciudadanas o candidatos independientes, éstas estuvieron condicionadas a ciertos requisitos que en muchos de los casos son difíciles de alcanzar para organizaciones con escasos recursos.
No obstante ello, aún hay un largo camino por recorrer pues las reformas solo han cambiado el acceso al poder más no su vigilancia ni su evaluación. Si bien, la reforma de 2014 permitió la reelección de los legisladores todavía no hay un mecanismo para calificar al Titular del Ejecutivo Federal y a los gobernadores, es decir, no existen ni el plebiscito ni la revocación del mandato. Si existieran estas dos figuras los gobernantes, de cualquier signo político, pensarían muy seriamente antes de hacer o aplicar una política pública.
