La propuesta de Libertad para Morir busca regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido para personas adultas con enfermedades graves e incurables, bajo un procedimiento de evaluación y consentimiento informado.
Por Itzel Alaniz / @LaChicaNara
Ciudad de México, 29 de julio 2026.- La asociación civil Libertad para Morir ha reunido alrededor de cinco mil firmas en apoyo a una iniciativa ciudadana que busca legalizar y regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en la Ciudad de México.
La propuesta, denominada Ley de Asistencia Médica para Morir, requiere cerca de 20 mil apoyos —equivalentes al 0.25% de las personas inscritas en la lista nominal de la capital— para ser presentada como iniciativa preferente ante el Congreso de la Ciudad de México.
El proyecto fue elaborado por integrantes del Comité Promotor Libertad para Morir y plantea crear un marco jurídico para que personas mayores de edad, mentalmente competentes y conscientes puedan solicitar asistencia médica para morir cuando padezcan una enfermedad o condición grave e incurable, con mal pronóstico funcional y vital a corto plazo, que les provoque sufrimiento físico o mental considerado insoportable y sin perspectiva de mejoría.
La iniciativa reconoce dos modalidades. En la eutanasia, el personal médico administra los fármacos que causan la muerte; en el suicidio médicamente asistido, el personal de salud proporciona los medicamentos y la persona solicitante se los administra por sí misma.
Actualmente, la Ley General de Salud prohíbe expresamente tanto la eutanasia como el suicidio asistido. La iniciativa capitalina sostiene que el Congreso local cuenta con facultades para regular estas conductas, argumento que previsiblemente formará parte de la controversia jurídica durante su eventual discusión legislativa.
“Para mí, eso dejaría de ser una vida digna”
La propuesta fue presentada durante un conversatorio en el que participaron Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad; Asunción Álvarez del Río, presidenta de Libertad para Morir; Jorge Linares Salgado, especialista en bioética, y Eduardo Sacristán Ruiz Funes, filósofo y defensor de derechos humanos que vive con esclerosis lateral primaria.
La esclerosis lateral primaria es una enfermedad neurológica progresiva que afecta las neuronas motoras superiores y dificulta gradualmente los movimientos de brazos, piernas y rostro.
Sacristán relató que comenzó a presentar problemas de equilibrio a los 37 años. Con el avance de la enfermedad utilizó primero un bastón, posteriormente una andadera, muletas y finalmente una silla de ruedas.
También describió el dolor y las alteraciones sensoriales que experimenta de manera continua. Dijo que, en su caso, los analgésicos opioides no han representado una alternativa adecuada por sus posibles efectos secundarios y riesgos de dependencia.
“Cuando llegue el momento estaré acostado, inmóvil, en una cama, y así no voy a estar dispuesto a seguir viviendo. Para mí eso va a dejar de ser una vida digna; uno no puede estar permanentemente en la cama”, expresó.
Sacristán señaló que su respaldo a la iniciativa parte de su propia concepción de autonomía y dignidad, así como de la posibilidad de decidir anticipadamente sobre el final de su vida.
Dos solicitudes y evaluación médica
Contrario a una decisión inmediata, el proyecto establece un procedimiento que comenzaría con una primera solicitud escrita ante el médico tratante. En un plazo no mayor a siete días, la persona deberá recibir información sobre su diagnóstico, pronóstico, tratamientos disponibles y cuidados paliativos.
Después de un periodo mínimo de 15 días, tendría que presentar una segunda solicitud y confirmar su decisión. La petición deberá ser revisada por un segundo profesional médico independiente y posteriormente por un Comité de Evaluación de Asistencia Médica para Morir.
La persona podrá desistirse o aplazar el procedimiento en cualquier momento. La decisión corresponderá exclusivamente a quien presente la solicitud; las personas familiares o allegadas serán informadas únicamente en los términos autorizados por el paciente.
La propuesta también reconoce la objeción de conciencia individual del personal médico, aunque obliga a las instituciones de salud a garantizar la disponibilidad de profesionales no objetores.
El proyecto no establece todavía cuáles medicamentos serían utilizados ni las dosis. Estos aspectos quedarían sujetos a un manual operativo y a protocolos técnicos y farmacológicos que la Secretaría de Salud capitalina tendría que elaborar si la ley fuera aprobada.
Cuidados paliativos y voluntad anticipada
Los cuidados paliativos tienen como finalidad aliviar el dolor y otros síntomas, así como atender las necesidades psicológicas, sociales y espirituales de las personas con enfermedades graves y de sus familias. Pueden brindarse desde etapas tempranas y no equivalen a eutanasia ni a suicidio asistido.
En la Ciudad de México también existe la figura de voluntad anticipada, mediante la cual una persona puede rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente su vida. Esta figura permite que la enfermedad siga su curso y evita el llamado encarnizamiento terapéutico, pero no autoriza que el personal médico cause directamente la muerte.
Asunción Álvarez del Río explicó que la iniciativa busca añadir una alternativa para las personas que consideren insuficientes los cuidados paliativos o el rechazo de tratamientos.
“Tenemos que tener la posibilidad de decir: ya no quiero vivir más y quiero que me ayuden para morir bien. Eso es lo que añade”, sostuvo.
La ruta de las firmas
La verificación de los apoyos ciudadanos corresponde al Instituto Electoral de la Ciudad de México, que puede solicitar al Instituto Nacional Electoral la revisión de la información contenida en la lista nominal.
Para que la propuesta sea considerada iniciativa preferente deberá contar con el respaldo del 0.25% de la lista nominal y ser presentada el día en que comience un periodo ordinario de sesiones. En ese supuesto, el Congreso capitalino tendría la obligación de analizarla, dictaminarla y someterla a votación.
La asociación mantiene puntos de recolección de firmas en distintos lugares de la capital, entre ellos la Cineteca Nacional durante los fines de semana.
El texto de la propuesta no establece la residencia en la Ciudad de México como requisito para solicitar la asistencia médica para morir. Por ello, sus promotores consideran que, en caso de aprobarse, personas de otras entidades podrían solicitar el procedimiento en instituciones ubicadas en la capital. Sin embargo, el alcance definitivo dependería de la discusión legislativa y de la regulación posterior.
Una propuesta distinta a la Ley Trasciende
En el ámbito federal también se impulsa la denominada Ley Trasciende, promovida por la activista Samara Martínez, quien vive con insuficiencia renal crónica.
Mientras la iniciativa de Libertad para Morir plantea expedir una nueva ley de aplicación local que incluya la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, la Ley Trasciende busca modificar disposiciones federales, entre ellas la Ley General de Salud y la legislación penal.
La diferencia es relevante debido a que la legislación federal vigente prohíbe ambas prácticas, mientras la propuesta capitalina sostiene que la regulación penal y sanitaria puede desarrollarse desde el ámbito local.
Modelos diferentes en otros países
La regulación internacional no puede resumirse en una sola cifra, pues algunos países permiten la eutanasia, otros únicamente el suicidio asistido y en diversas jurisdicciones la autorización proviene de sentencias judiciales, no de leyes nacionales.
En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en 1997 y reconoció en 2022 el suicidio médicamente asistido bajo condiciones específicas. Ecuador despenalizó la eutanasia mediante una sentencia de su Corte Constitucional en 2024.
Uruguay aprobó en octubre de 2025 la Ley 20.431 para regular la eutanasia y publicó su reglamentación en abril de 2026. La norma uruguaya no regula el suicidio asistido como una modalidad separada.
Otros países y jurisdicciones, como España, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, algunos estados de Australia y diversas entidades de Estados Unidos, cuentan con modelos distintos para una o ambas prácticas.
Un debate de autonomía, cuidados y derechos
La discusión sobre la asistencia médica para morir enfrenta diferentes concepciones sobre la autonomía, la protección de la vida, el papel del Estado, los cuidados paliativos y las obligaciones del personal sanitario.
Organismos y expertos en derechos de las personas con discapacidad han advertido que cualquier regulación debe impedir que la falta de atención médica, apoyos para una vida independiente, cuidados domiciliarios, recursos económicos o acompañamiento social influya en la decisión de una persona.
La propuesta capitalina no considera la discapacidad como condición suficiente para solicitar la asistencia médica para morir, pero su eventual análisis legislativo deberá incorporar a personas con enfermedades graves, especialistas en cuidados paliativos, personal sanitario y organizaciones de personas con discapacidad, además de las voces que promueven su aprobación.
