Libertad para Morir, asociación civil integrada en su mayoría por especialistas del Colegio de Bioética, necesita reunir 20 mil firmas antes del 1 de septiembre para que el Congreso capitalino esté obligado a discutir su propuesta, que busca reconocer la eutanasia y el suicidio médicamente asistido como derecho en la Constitución de la Ciudad de México.
Por Mariana Mastache-Maldonado / maggie.ml (IG)
La Asociación Civil Libertad para Morir, integrada en su mayoría por especialistas del Colegio de Bioética, ofreció este miércoles 8 de julio una conferencia de prensa en la Ciudad de México para informar sobre los avances de la iniciativa ciudadana Ley de Asistencia Médica para Morir de la Ciudad de México. La propuesta, que la organización presentó públicamente a inicios de junio y para la que recolecta firmas desde entonces, busca legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y reconocer este derecho en la Constitución Política de la Ciudad de México.
La organización está encabezada por Asunción Álvarez del Río, académica especializada en bioética, junto con Beatriz Vanda Cantón, Jorge Enrique Linares Salgado y el abogado Pedro Isabel Morales Aché. La iniciativa está dirigida exclusivamente a personas mayores de edad con capacidad para tomar decisiones, y establece que la solicitud de ayuda para morir deberá provenir únicamente de quien la padece, sin que terceras personas, incluidos familiares, puedan intervenir en la decisión.
El proyecto contempla dos modalidades: que el personal de salud aplique directamente el procedimiento que provoque la muerte, o que entregue los medicamentos necesarios para que sea la propia persona quien los administre. Ambas requerirían una evaluación en dos etapas, la revisión de dos médicos distintos y la autorización de un comité multidisciplinario antes de realizarse.
El texto reconoce la objeción de conciencia del personal sanitario, aunque —según explicó Álvarez del Río a medios locales— ese derecho sólo puede ejercerse de manera individual, no institucional, por lo que ningún hospital podría negarse en bloque a ofrecer el servicio. El personal que participe en los procedimientos, de aprobarse la ley, no podría ser sancionado legalmente.
Para que el Congreso capitalino esté obligado a discutir la propuesta con carácter preferente, sus impulsores deben reunir alrededor de 20 mil firmas —equivalentes a 0.25% de la lista nominal de electores de la ciudad— antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de septiembre. Hasta el 9 de julio, un mes después de iniciada la recolección, la organización reportaba poco más de 4 mil firmas. Si no se alcanza la meta a tiempo, la propuesta tendría que esperar hasta 2028, ya que 2027 será año electoral en la capital.
Pedro Morales, integrante de la asociación, señaló que la eutanasia ya se practica de manera encubierta en la Ciudad de México, aunque —afirmó— principalmente entre personas con capacidad económica para acceder a ella, lo que deja en la incertidumbre jurídica tanto a pacientes como al personal médico que las asiste.
La capital cuenta desde 2008 con la Ley de Voluntad Anticipada, que permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida en etapa terminal, pero no autoriza la eutanasia activa. Los promoventes de la nueva iniciativa sostienen que el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce el derecho a una vida digna, contiene de manera implícita el derecho a una muerte digna, aunque hasta ahora no existe una ley que lo desarrolle en esos términos.
La presentación ocurre en paralelo al avance de otras rutas para legalizar la eutanasia en México. En el Congreso de la Unión se discute desde octubre de 2025 la Ley Trasciende, iniciativa de reforma constitucional presentada por legisladoras y legisladores de Morena, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano —sin el respaldo del PAN— e impulsada por la activista Samara Martínez, paciente con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. La propuesta busca reconocer la muerte médicamente asistida como derecho constitucional y obligar al Estado a garantizar cuidados paliativos en todos los niveles de gobierno. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó recientemente analizar un amparo contra la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido, el primer caso de este tipo que llega al máximo tribunal del país.
El debate sobre la ayuda médica para morir continúa dividiendo posiciones. Mientras especialistas en bioética y organizaciones civiles la respaldan como parte del derecho a la autonomía y a una muerte digna, otros sectores, entre ellos agrupaciones religiosas, sostienen que la prioridad debe ser fortalecer el acceso a los cuidados paliativos antes de legalizar procedimientos para terminar con la vida.
