- La sentencia debe reconocer que los permisos violaron, entre otros, el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, así como la obligación de realizar estudios de impacto social.
- La construcción de la hidroeléctrica traerá como consecuencia la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
Por Wendy Alfaro / @WendyFraire2
Ciudad de México.- Mediante un comunicado, el Consejo en Defensa de Nuestro Territorio mencionó que las Comunidades Totonacas llevaron a juicio el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que se impuso en el 2016 por violación de sus derechos como pueblos indígenas.
El pasado 11 de julio, del presente año, se llevó a cabo la Audiencia Constitucional del Juicio de Amparo 598/2016. Las Comunidades Totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, interpusieron, en 2016, una demanda en contra del PHP1, por la violación a sus derechos como pueblos indígenas.
Dicho proyecto está conformado por dos presas (Presa Ahuacoya y Presa Zoquiapa), dentro de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla, que el Estado Mexicano autorizó a favor de la empresa Deselec 1-Comexhidro para abastecer de energía a sus socias: Wal- Mart, Waldo´s Dólar, Vips entre otras.
En dicha demanda, que ha sido acompañada por el Consejo Tiyat Tlali y por Fundar, las comunidades denuncian a diversas autoridades -entre ellas SENER, SEMARNAT, CONAGUA y las presidencias municipales de haber entregado los permisos, violando las obligaciones que impone el marco internacional de derechos humanos al no realizarse una consulta previa.
Es por ello que las comunidades demandantes exigen la cancelación de los permisos existentes; asimismo, rechazan la construcción de la hidroeléctrica, al considerar que tendrá impactos en el medio ambiente, como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos y remoción de vegetación forestal.
Además, el Consejo mencionó que, a lo largo de estos tres años de juicio, acontecieron irregularidades que fueron denunciadas. Tal es el caso de situaciones de hostigamiento y criminalización hacia los integrantes de las comunidades demandantes y hacia las organizaciones que han acompañado la defensa.
“Las comunidades quejosas esperan sea para reconocer la vulneración de sus derechos, así como para ordenar la restitución de los mismos mediante la puntual cancelación de los permisos” destacaron.
Firma la Petición: http://chng.it/sgRtryw9zW
