En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de familias buscadoras marcharon de la Glorieta de las y los Desaparecidos al Palacio de Gobierno de Jalisco para exiguir que el estado instale la fiscalía especializada en desaparición que la ley ordena desde hace años. Ningún estado del país la tiene funcionando como marca la norma.
Texto y fotografías: Boris Mora / @Somoselmedio
Guadalajara, Jalisco, 30 de agosto 2025.- Colectivos de familias buscadoras marcharon este 30 de agosto de la Glorieta de las y los Desaparecidos al Palacio de Gobierno de Jalisco para exigir que el estado instale la fiscalía especializada en desaparición que la ley ordena desde hace años y que sigue sin existir. La movilización se realizó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la Asamblea General de la ONU en 2010.
La concentración comenzó a las 8:30 de la mañana en el cruce de Chapultepec y Niños Héroes. Cerca de mil 500 personas —familiares, amigos y personas solidarias— avanzaron por avenida Chapultepec con fichas de búsqueda, lonas y consignas dirigidas a los tres órdenes de gobierno. “De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste”, se escuchó durante el recorrido, una consigna de origen estudiantil que en esta marcha la sostenían madres y padres que llevan años haciendo trabajo forense, pegando fichas y sosteniendo la búsqueda que corresponde al Estado.
Frente al Palacio de Gobierno, Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, centró el pronunciamiento en la ausencia de instituciones especializadas. “Nos preguntamos dónde están, pero también dónde están las autoridades que deberían de estarlos buscando, dónde están las acciones de búsqueda inmediatas, dónde están las acciones de investigación, dónde están las sábanas de llamadas”, dijo ante el contingente.
Flores señaló que el vacío no es local sino nacional: “En el país no existe ni una sola fiscalía especializada, como lo marca la ley. Ni una sola. Puede haber varias de nombre, pero no existe ni una sola. En un país donde hay más de 136 mil personas desaparecidas, ningún pinche estado tiene una sola fiscalía especializada como lo marca la ley”.
Sobre Jalisco, precisó que la creación de la fiscalía ya fue aprobada en comisiones legislativas, pero que el trámite presupuestal define si arranca o si queda otra vez congelada. “Esperamos que puedan traer en este presupuesto que den los tiempos para que salga, porque si no, compañeras y compañeros, nos vamos a quedar mínimo dos años más sin fiscalía especializada”, advirtió.
Agregó que la exigencia no se agota en el nombramiento: una fiscalía sin presupuesto ni personal, dijo, reproduce el mismo resultado. Lo ilustró con la carga de trabajo actual de los ministerios públicos: “No puede haber todavía ministerios públicos con más de 300 carpetas de investigación. Si le dedicaran un solo día de investigación a nuestros hijos, no les alcanzaría el año para investigar todas las carpetas que tienen. Entonces, nunca vamos a ver resultados”.
Flores cerró su intervención ampliando la responsabilidad más allá del binomio Estado-crimen organizado. “Ya basta de simulaciones”, dijo, y sostuvo que la desaparición también se sostiene en la permisividad social cotidiana. Entre las exigencias que enumeró estuvo el desmantelamiento de los campamentos de reclutamiento forzado: “que se extingan los campamentos del crimen organizado donde están todos nuestros hijos e hijas reclutados y que nos los regresen con vida”.
Martha Leticia García, conocida como Marleti García, del colectivo Entre Cielo y Tierra, planteó el reclamo desde otro ángulo: la búsqueda en vida. “Nosotros hacemos hincapié en las búsquedas en vida porque siempre están buscando en fosas, buscando cuerpos, cuando nuestros desaparecidos tienen la oportunidad de ser localizados y rescatados con vida. ¿Qué están esperando nuestras autoridades? ¿Que todos sean rescatados sin vida?”.
García describió el costo concreto de esa omisión con casos del Servicio Médico Forense: familias a las que se les avisa que su familiar está ahí con seis u ocho meses de evolución cadavérica, cuando la denuncia de desaparición tenía ocho o nueve años. “Hubo oportunidad de que hubiera sido rescatado, localizado y entregado a sus familias”, dijo. Alertó además sobre el perfil de edad que su colectivo registra al alza: “Ahorita se están llevando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se los llevan de 12 a 16 años, es el índice más grande que tenemos de desapariciones”.
Sobre los registros oficiales, García sostuvo que subrepresentan el fenómeno: “La cifra negra sobre los registros que presentan las autoridades puede ser duplicada fácilmente, porque hay muchísima gente que no denuncia”. Mencionó que en los últimos meses han aumentado los reportes de desapariciones ocurridas en 2008, 2009 y 2015, de familias que hasta ahora se atreven a denunciar. Su exigencia final fue penal: “Sanción y penalización para los perpetradores de esta causa, porque si no hay castigo jamás se va a detener las desapariciones”.
Una integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) tomó el micrófono para hablar del trabajo que las familias hacen con sus propias manos. “Ninguna madre debería estar sufriendo la desaparición de un hijo y mucho menos ir a fosas, a rasguñar de las entrañas a la tierra para buscar a nuestros hijos; y el dolor más grande es sacar bolsas que nosotros utilizamos para la basura y que ahí estén nuestros hijos”, dijo.
Denunció también el retiro de fichas de búsqueda del espacio público por parte de servidores públicos: “Para nosotros el dolor más grande es pegar una ficha de un hijo desaparecido, plasmar la foto de mi hijo y dejarlo ahí; y que nos las quiten”. Cerró con una frase que el contingente respondió coreando no están solas: “Jalisco está dolido, las madres de Jalisco estamos dolidas y la tierra de Jalisco está dolida porque la han utilizado para guardar muerte clandestina”.
Los testimonios recogidos frente al Palacio de Gobierno coincidieron en un punto: lo que ocurre no es una suma de tragedias particulares. “Mi hijo acaba de desaparecer hace un mes. Es una de las personas que invisibilizan; solo los que hacen marchas, los que cierran calles, lo visibilizan”, dijo una madre que pidió no ser identificada. Otra, cuyo hijo Uriel González Reyes sigue desaparecido, resumió el desgaste de la espera: “Me estoy muriendo en vida y necesito a mi hijo conmigo; ya no me importa cómo me lo entreguen”.
Las cifras que enmarcan la protesta siguen en ascenso. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas alcanzó 135 mil 48 personas al 16 de junio de 2026, de acuerdo con el seguimiento de Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. En 2024 se registraron 12 mil 632 desapariciones y en 2025, 12 mil 373: un promedio superior a 33 personas al día.
En Jalisco, el registro reporta este año una disminución de 2 mil 522 casos que las organizaciones no han podido explicar y que coincide con la salida del estado del primer lugar nacional, una posición que ocupó durante dos sexenios. Es precisamente ese tipo de movimiento en las bases de datos el que las buscadoras leen con desconfianza cuando hablan de cifra negra.
La Glorieta de los Niños Héroes fue renombrada de manera no oficial como Glorieta de las y los Desaparecidos el 24 de marzo de 2018, durante una movilización masiva convocada tras la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, estudiantes del CAAV levantados el 19 de marzo de ese año.
Desde entonces, la base del monumento se cubrió de fichas de búsqueda y el espacio funciona como lugar de memoria sostenido por los colectivos, no por el Estado. Tres años y medio antes, en septiembre de 2014, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa —en la que participaron policías municipales de Iguala, elementos del Ejército y miembros del crimen organizado— había instalado en la agenda nacional la responsabilidad directa de agentes estatales en este delito.
Las familias cerraron la jornada con un llamado a extender las movilizaciones al interior del estado y a que la sociedad deje de mirar la desaparición como un asunto ajeno. “Esto lo hacemos también para que no les pase a ellos, y que nadie viva lo que estamos pasando”, dijo una joven que busca a su padre e integra un colectivo que realiza búsquedas en campo y pega de fichas dos veces por semana.
