La propuesta para explorar gas no convencional mediante fracking reabre el debate sobre soberanía energética, disponibilidad de agua, riesgos a la salud y derechos territoriales en México.
Por Mariana Mastache-Maldonado / maggie.ml (IG)
El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió nuevamente la puerta a la exploración de gas no convencional mediante fractura hidráulica (mayormente conocida como fracking) en México. Un comité integrado por 54 científicos y especialistas concluyó que la técnica podría utilizarse en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en el noreste de Tamaulipas, bajo condiciones como el uso de agua salada, aditivos menos tóxicos y procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades. La propuesta busca reducir los impactos ambientales de una práctica que durante años estuvo en el centro del debate energético del país.
La administración enmarca la propuesta como una cuestión de soberanía energética. De acuerdo con el comité científico convocado, México importa alrededor de 75% del gas natural que consume, principalmente, de Estados Unidos. Ante esta dependencia, el gobierno ha planteado aumentar la producción nacional de gas no convencional.
El planteamiento representa un cambio respecto al discurso que predominó durante buena parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En 2024, el entonces presidente envió al Congreso una iniciativa para prohibir el fracking, aunque no llegó a ser votada. La práctica, sin embargo, no desapareció.
De acuerdo con la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos, hasta 2019 se habían perforado más de 8,400 pozos en territorio mexicano.
Agua y salud, los principales puntos de debate
Uno de los principales cuestionamientos científicos está relacionado con el consumo de agua. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, un pozo de fracking puede requerir entre 6.8 y 61 millones de litros de agua. Pero para el caso de México, un estudio del antes Conahcyt (ahora Secihiti) señaló que 37% de esos recursos se encuentra en regiones del país con déficit hídrico alto o muy alto.
Asimismo, se abrió la discusión sobre los efectos del fracking en la salud. Una investigación publicada en 2022 en Environmental Health Perspectives, basada en más de 2,500 niños de Pensilvania, encontró una asociación entre vivir o nacer cerca de instalaciones de extracción no convencional y un mayor riesgo de leucemia linfoblástica aguda. Ese hallazgo se suma a una literatura más amplia que vincula la exposición a la fractura hidráulica con partos prematuros, bajo peso al nacer, defectos congénitos, asma y enfermedades respiratorias, así como con mayor riesgo de muerte prematura en personas adultas mayores por estrés cardiovascular y pulmonar crónico.
En el contexto nacional, un análisis jurídico sobre la práctica documentó testimonios de comunidades de la región Huasteca-Totonacapan que reportan aumento de casos de cáncer, enfermedades de la piel y padecimientos respiratorios y auditivos desde que llegaron los pozos.
El debate también involucra el derecho al agua y los derechos de los pueblos indígenas. La Constitución mexicana reconoce desde 2012 el derecho humano al agua y al saneamiento, mientras que el Convenio 169 de la OIT establece obligaciones relacionadas con la consulta a pueblos indígenas. En las regiones donde el gobierno plantea explorar gas no convencional, la discusión sobre los posibles impactos de la técnica se cruza con condiciones ya existentes de estrés hídrico, infraestructura deficiente y conflictos por proyectos energéticos.
Las comunidades cuestionan el fracking sustentable
Organizaciones agrupadas en la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Frente Noreste Sin Fracking han rechazado la posibilidad de desarrollar la técnica bajo una etiqueta de sustentabilidad. Sus cuestionamientos se concentran en los riesgos para los acuíferos, las emisiones de metano y la posibilidad de que nuevas medidas de mitigación favorezcan la expansión de la actividad. Entre las organizaciones que forman parte de estas redes se encuentran el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica.
La propuesta del gobierno aún no responde a si esas nuevas condiciones técnicas son suficientes para reducir los riesgos asociados con el fracking y si los mecanismos de consulta pueden garantizar que las comunidades participen de manera efectiva en las decisiones sobre sus territorios. Mientras el gobierno plantea la exploración como una vía para reducir la dependencia energética de México, la evidencia científica y las experiencias de comunidades cercanas a proyectos de extracción muestran que la gestión también deberá tomar en cuenta factores como el agua, la salud pública, territorios y los derechos asociados a él.
