Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España manifestaron su rechazo a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en Venezuela, al advertir que vulneran el derecho internacional, amenazan la soberanía y ponen en riesgo la paz en América Latina y el Caribe.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 4 de enero 2026.- Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España expresaron su rechazo conjunto a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, al considerar que vulneran el derecho internacional y ponen en riesgo la paz regional y a la población civil.
Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España difundieron este 4 de enero de 2026 un pronunciamiento conjunto ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela, en el que manifestaron su profunda preocupación por la escalada militar y sus posibles consecuencias regionales.
En el comunicado, los países firmantes señalaron que las acciones armadas contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Organización de las Naciones Unidas.
Rechazo a la intervención militar y defensa del derecho internacional
De acuerdo con el posicionamiento oficial, las operaciones militares unilaterales en territorio venezolano constituyen un precedente “sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional, además de representar un riesgo directo para la población civil. Los gobiernos subrayaron que este tipo de acciones vulnera el marco jurídico internacional construido tras décadas de acuerdos multilaterales.
El pronunciamiento enfatiza que la normalización del uso de la fuerza como mecanismo de presión política amenaza con reactivar dinámicas de confrontación en América Latina y el Caribe, una región que históricamente ha buscado consolidarse como zona libre de guerras interestatales.
También te puede interesar: ¿Por qué Estados Unidos interviene en Venezuela?
Llamado al diálogo y a una salida política interna
Los seis países reiteraron que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad popular, sin injerencias externas. En ese sentido, insistieron en que solo un proceso político inclusivo, conducido por las y los propios venezolanos, puede derivar en una solución democrática y sostenible.
El comunicado descarta explícitamente cualquier imposición externa como vía para resolver el conflicto y remarca que la autodeterminación de los pueblos es un principio irrenunciable del derecho internacional y de la convivencia regional.
Otro de los ejes centrales del posicionamiento es la defensa de América Latina y el Caribe como zona de paz. Los gobiernos firmantes llamaron a la unidad regional, más allá de las diferencias ideológicas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad política y social del continente.
Asimismo, exhortaron al secretario general de la ONU y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales a emplear sus buenos oficios diplomáticos para contribuir a la desescalada de las tensiones y evitar un conflicto de mayores dimensiones.
El pronunciamiento también advierte sobre los riesgos de cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos en Venezuela. Los países señalaron que este tipo de prácticas es incompatible con el derecho internacional y puede agravar la inestabilidad económica y social en la región.
Sin mencionar actores específicos, el documento vincula las acciones militares con disputas geopolíticas por recursos estratégicos, un patrón histórico que ha marcado diversas intervenciones en América Latina.
Un posicionamiento regional frente a la escalada
La declaración conjunta se inscribe en un contexto de creciente tensión internacional y refuerza una postura regional que prioriza la solución pacífica de los conflictos, la no intervención y la defensa de la soberanía de los pueblos.
Para los gobiernos firmantes, el futuro de Venezuela debe definirse sin presiones militares externas y con pleno respeto a los derechos humanos de su población, en un escenario que evite una nueva escalada de violencia en la región.
