Antes de Chávez, Venezuela fue gobernada por una élite política y empresarial ligada a la economía petrolera y a su inserción subordinada en el mercado global. Este artículo reconstruye ese trasfondo histórico para explicar por qué la intervención de Estados Unidos se entiende mejor como disputa por un recurso estratégico —el petróleo— que como defensa de la democracia.
Por Redacción / @Somoselmedio
Hablar de Venezuela sin Chávez es hablar, ante todo, del petróleo. Mucho antes de que la Revolución Bolivariana irrumpiera en el escenario latinoamericano, el subsuelo venezolano ya condicionaba el rumbo político, económico y social del país. La historia contemporánea de Venezuela difícilmente se entiende sin observar cómo el petróleo moldeó una economía dependiente, una clase dominante asociada al capital transnacional y un Estado que, durante décadas, administró la renta petrolera sin traducirla en bienestar para las mayorías.
Desde esa perspectiva, la intervención de Estados Unidos en Venezuela no aparece como una reacción excepcional ante una coyuntura, sino como la continuidad de una relación histórica atravesada por el control de recursos estratégicos. El petróleo no explica todo, pero sí ayuda a ordenar una pregunta central: quién decide sobre la riqueza energética y bajo qué proyecto de país.
Por qué importa hoy mirar la Venezuela previa a Chávez
El debate público suele reducir la historia venezolana a una línea divisoria: antes y después del chavismo. Esa simplificación tiende a presentar el periodo previo como una democracia estable que habría sido “interrumpida” por la Revolución Bolivariana. Revisar la Venezuela anterior a Chávez permite desmontar esa narrativa y entender que muchas de las fracturas sociales y políticas que estallan en los años noventa venían incubándose desde antes: desigualdad estructural, concentración de poder económico, dependencia petrolera y represión estatal ante la protesta social.
Mirar hacia atrás no es un ejercicio académico aislado. Es una disputa por el sentido común: qué se entiende por democracia, quién queda dentro y quién queda fuera, y cuál es el costo humano de un modelo sostenido por la renta petrolera y por la subordinación económica.
Concesiones, dependencia y el nacimiento de una economía rentista
Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue uno de los principales proveedores de crudo para el mercado internacional. A partir del descubrimiento de grandes yacimientos en la década de 1920, el país se integró a la economía mundial como exportador de materias primas. Las concesiones petroleras quedaron, durante años decisivos, en manos de corporaciones extranjeras —estadounidenses y europeas— que operaron con amplios márgenes de autonomía, baja carga fiscal en distintos periodos y una regulación estatal limitada.
Ese esquema consolidó una economía rentista: un país que depende de la renta derivada de la exportación de un recurso, con una estructura productiva débil y con una desigualdad persistente. La riqueza existía, pero su distribución y su uso social no estaban garantizados; lo que predominó fue un modelo que concentró beneficios y desplazó los costos hacia las mayorías.
Élites, renta petrolera y captura del Estado
En ese contexto emergió una élite nacional estrechamente vinculada a los intereses del capital transnacional. Grandes grupos empresariales y familias de peso histórico —con presencia en finanzas, comercio de importación, medios y circuitos de poder— se beneficiaron del control indirecto de la renta petrolera y de su cercanía con la administración pública. Aunque no siempre controlaron formalmente los yacimientos, sí dominaron los engranajes que se alimentaban de la economía petrolera: crédito, comercio, medios, contratos, intermediación.
El resultado fue un Estado que, durante décadas, operó como administrador de una riqueza que no se tradujo en derechos efectivos para las mayorías. La renta petrolera no se socializó de forma sostenida; se concentró, y su administración alimentó redes de poder económico y político.
Punto Fijo: estabilidad institucional, exclusión social
Tras el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, la llamada democracia representativa no modificó la estructura de fondo. El Pacto de Punto Fijo garantizó estabilidad institucional y alternancia partidista, pero también consolidó un sistema que limitó la participación de amplios sectores populares y mantuvo intacta la dependencia petrolera. Acción Democrática y COPEI se alternaron el poder durante décadas administrando el Estado sin cuestionar la inserción subordinada del país en el orden energético global.
A nivel ideológico, el periodo se narró como modernización y progreso. Sin embargo, bajo esa superficie persistieron la desigualdad y la exclusión: millones de personas quedaron fuera de los beneficios del “milagro” petrolero. La pobreza no fue un accidente: fue una consecuencia estructural de cómo se distribuyó el poder y de cómo se administró la renta.
Crisis, ajustes y ruptura social: de 1983 al Caracazo
La crisis del modelo se volvió inocultable en los años ochenta. La caída de los precios del petróleo y el endeudamiento golpearon con fuerza a la economía venezolana. El “Viernes Negro” de 1983 marcó el inicio de una etapa de deterioro que abrió paso a políticas de ajuste, privatizaciones y recortes sociales vinculados a las presiones del sistema financiero internacional.
El punto de quiebre fue el Caracazo de 1989: una rebelión popular frente al encarecimiento de la vida que fue reprimida con violencia estatal. Las cifras de víctimas han sido motivo de disputa, pero lo indiscutible es que hubo una masacre y un mensaje político: el orden se sostenía, llegado el momento, por la fuerza. Ese episodio evidenció el agotamiento del pacto social y aceleró la crisis de legitimidad del sistema político.
La irrupción de Chávez: soberanía petrolera como ruptura política
En ese contexto debe entenderse la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. No fue un accidente ni un simple giro electoral: fue una expresión política de una crisis acumulada durante décadas. Chávez canalizó el descontento de sectores históricamente excluidos y propuso una ruptura con el neoliberalismo, con la vieja clase política y con la subordinación a Estados Unidos. En el centro de esa ruptura colocó la soberanía sobre el petróleo como condición para cualquier proyecto de transformación social.
La reorientación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) hacia un papel más activo del Estado, el aumento de la participación fiscal, el uso de la renta petrolera para programas sociales y una política exterior menos alineada con Washington marcaron un quiebre con el orden previo. Desde la lógica geopolítica de Estados Unidos, esa decisión tocó una fibra estratégica: Venezuela dejaba de ser un proveedor dócil y se convertía en un actor que disputaba control sobre su principal recurso.
Intervención “por democracia”: el lenguaje como cobertura
El conflicto entre Venezuela y Estados Unidos no puede reducirse a un choque ideológico abstracto. Hay, por supuesto, dimensiones políticas internas, disputas de proyecto y contradicciones propias. Pero el núcleo material se mantiene: la disputa por el control de un recurso estratégico. En esa tensión, la narrativa de la democracia y los derechos humanos suele operar como legitimación discursiva de presiones concretas: sanciones, aislamiento financiero, respaldo a actores opositores, campañas mediáticas y mecanismos de injerencia que reconfiguran el campo político sin necesidad de una invasión formal.
En América Latina, esa matriz se repite: la intervención se activa cuando un país intenta ejercer soberanía sobre recursos naturales y desplazar los beneficios hacia las mayorías. El problema no es la “democracia” en abstracto; es quién controla la riqueza y bajo qué condiciones.
Después de Chávez: crisis, sanciones y continuidad estratégica
Tras la muerte de Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro heredó no solo un proyecto político, sino un conflicto de largo aliento. La caída de los precios del petróleo, las sanciones y el bloqueo financiero agravaron la crisis económica y social. Sin embargo, la lógica estratégica no se modificó: Venezuela sigue siendo un territorio clave por sus reservas y su ubicación en el tablero energético global.
La insistencia estadounidense en promover cambios de régimen, reconocer gobiernos paralelos o justificar acciones de fuerza responde a una matriz histórica: cuando Venezuela era funcional al capital transnacional, el problema no existía; cuando disputó soberanía, comenzó el castigo.
Memoria histórica para disputar el sentido común
Recordar la Venezuela anterior a la Revolución Bolivariana es un ejercicio de memoria histórica indispensable. Permite desmontar el mito de una democracia ejemplar destruida por el chavismo y entender que la ruptura central fue la que cuestionó el control oligárquico del petróleo. Las élites que dominaron la economía durante décadas no defendían la democracia: defendían privilegios. Y la política exterior de Estados Unidos no ha girado en torno a proteger derechos del pueblo venezolano, sino a garantizar acceso y control sobre recursos estratégicos, con impactos humanos que suelen quedar fuera del relato.
Comprenderlo es crucial para construir una lectura crítica que ponga en el centro la soberanía de los pueblos y el derecho a decidir sobre sus propios recursos. Este texto no busca idealizar procesos ni negar contradicciones internas; busca recuperar una verdad histórica frecuentemente silenciada: en Venezuela, la disputa central ha sido el petróleo, y mientras ese recurso siga siendo estratégico para el capitalismo global, cualquier proyecto que intente ponerlo al servicio del pueblo seguirá enfrentando presión, injerencia y ataque.
