Autoridades mexicanas se comprometen a implementar medidas cautelares otorgadas por la CIDH y reconocen la labor de la comunidad jesuita en la Sierra Tarahumara en favor de los derechos humanos, tras instalar mesa de coordinación e implementación de medidas cautelares en beneficio de la comunidad jesuita de Cerocahui.
Por Redacción / @Somoselmedio
Autoridades mexicanas y la comunidad jesuita de Cerocahui, Chihuahua, instalaron la Mesa de Implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH otorgó medidas cautelares a tres religiosas y nueve sacerdotes de la comunidad jesuita de Cerocahui debido a su situación de riesgo después de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto con el guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, el 20 de junio de 2022.
El evento de instalación también fue un espacio para reivindicar la labor de defensa de los derechos humanos realizada por la comunidad jesuita en la región. Las autoridades reconocieron sus legítimas exigencias de justicia, seguridad y paz y se comprometieron a generar acciones urgentes y estratégicas para evitar que hechos tan dolorosos vuelvan a ocurrir.
El acto tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Chihuahua y contó con la participación de la gobernadora del estado, la Secretaría de Gobierno y de Seguridad, el Fiscal General de la entidad, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en representación de las autoridades federales, las personas beneficiarias, el Asistente del Sector Social de la Provincia en México e integrantes de las organizaciones representantes del caso. También acompañó el evento el Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y personal del Secretariado de la CIDH a distancia.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, puntualizó los acuerdos asumidos de manera coordinada con el gobierno federal y las personas beneficiarias para la implementación y seguimiento de las medidas cautelares. El Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en representación del gobierno federal, reconoció la labor de derechos humanos que ha llevado a cabo la comunidad jesuita en la región y ratificó el compromiso de implementar de manera coordinada las medidas para que esta labor pueda continuar.
El P. Esteban Cornejo, SJ, en representación de las personas beneficiarias, enfatizó que la labor que realizan en la Sierra se ha visto trastocada por los terribles asesinatos de sus hermanos, lo que ha tenido un impacto a nivel comunitario, por lo que señalaron la importancia que tiene para la comunidad religiosa contar con protección a nivel internacional.
El representante de la Provincia, P. Jorge Atilano, SJ, pidió a las autoridades cumplir cabalmente con la implementación de las medidas cautelares y recalcó que la Sierra Tarahumara aún demanda acciones conjuntas y coordinadas que conduzcan hacia la construcción de paz, la justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social.
El Centro Prodh enfatizó la relevancia que tiene la investigación y la rendición de cuentas por parte de los perpetradores de los terribles hechos para evitar que se repitan.
