Por Max González Reyes
El proceso democrático en México se presentó de una manera gradual. La transición hacia la democracia ha llevado tiempo. Desde la década de los setenta con la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Elecciones (LOPPE), promulgada en 1977, empezó un proceso gradual para intentar desmontar un sistema hegemónico. Posteriormente vinieron reformas que permitieron una mayor representación de la pluralidad que la sociedad demandaba. Ya para la década de los noventa, el INE se convirtió en un organismo autónomo, con lo que el gobierno dejó de ser juez y parte, pues ya no era el que calificaba las elecciones. Con el paso del tiempo se comprobó que estas reformas permitieron una alternancia y una pluralidad en el Congreso, a tal grado que en 1997 se rompió la mayoría que el PRI tenía en la Cámara de Diputados. Posteriormente, este partido perdió la presidencia en el año 2000. Para ese momento fue un gran logro, pues se desmontaba un régimen que había nacido desde finales de la década de los años veinte del Siglo XX.
Una vez que el PRI había perdido la presidencia, el objetivo era ir en el sentido de hacer más robusta la democracia y no sólo quedarse en modificar las reglas electorales que permitían el acceso al poder, sino consolidar reformas que garantizaran instituciones fuertes y una mayor y mejor aplicación de la justicia. Es decir, que no sólo se accediera al poder, sino que su ejercicio se viera cristalizado en acciones concretas en beneficio de la sociedad.
Sin embargo, la transición a la democracia sólo se concretó en nuevas reglas de acceso. Desde luego, fue un gran avance que la ciudadanía expresara y sobre todo se respetara su preferencia electoral, y con ello castigara con su voto a malos gobernantes para renovarlos en el cargo, pero eso no era suficiente para generar un cambio. El cambio en la presidencia no devino en una mejoría social. La ley se siguió aplicando de forma parcial, su aplicación siguió siendo arbitraria, la justicia se siguió vendiendo al mejor postor; las influencias, el amiguismo, el compadrazgo siguieron siendo la forma en que se consiguieron cargos y favores. Si bien existieron avances como lo fue el Servicio Profesional de Carrera, para hacer del servicio público un mecanismo más eficaz, a fin de colocar en espacios especializados a funcionarios que conocieran del área, se dejó una rendija por la que se podía asignar de forma directa en ciertos espacios estratégicos. Tampoco se puede negar que durante el tiempo de las reformas se hicieron grandes avances, como la ley de transparencia, el respeto a los derechos humanos, la inclusión de personas con capacidades distintas, la ampliación del respeto a los derechos humanos, etc. Sin embargo, siempre hubo forma de que el clientelismo, la arbitrariedad, las concesiones a amigos siguieran existiendo hasta el día de hoy.
Esas prácticas no se terminaron con la llegada de Morena al poder en 2018. El discurso fue hueco ante la realidad que se vivía.
Estas prácticas se vieron reflejadas en dos casos que recientemente vivimos. La remoción del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la designación de la nueva titular de dicha instancia, Ernestina Godoy. Ambos casos es el claro ejemplo de una ficción aceptada por todos.
El argumento presentado por el fiscal Gertz en su carta de renuncia no era motivo para separarse del cargo. De entrada, la presidenta Sheinbaum no debió haberla aceptado por no cumplir los requisitos de separación del cargo que marca la Constitución. Pero en este país donde la ley se maneja a conveniencia, nadie obstaculizó la renuncia; en realidad, las razones políticas pesaron más que las razones jurídicas.
Pero el desprecio a la ley no se quedó sólo en la renuncia del fiscal. Su continuación fue la designación de Ernestina Godoy, quien quedó como encargada de despacho. Lo que debió ser un proceso bien cuidado, con un estudio profundo del caso, en realidad se convirtió en un trámite que ninguna oficina gubernamental atiende con esa rapidez. En menos de una semana en el Senado se presentó la renuncia y ya había nuevo fiscal.
En un fin de semana se inscribieron un total de 43 personas en el proceso de selección para elegir a la nueva titular de la FGR, incluida la recién nombrada Ernestina Godoy. Posteriormente, para sorpresa de nadie la Junta de Coordinación Política incluyó a Godoy en la lista de 10 semifinalistas. Esta lista se mandó a la presidenta para que eligiera una terna de la cual, previa comparecencia ante el pleno del Senado, saldría la nueva fiscal.
Las comparecencias fueron un mero trámite. Todos sabían quién sería designada. En particular Godoy no contestó ninguna de las preguntas que le hicieron. Ni siquiera modificó el discurso que tenía preparado. Cuando llegó la hora de votar, el resultado fue 97 votos a su favor con lo que se convirtió en fiscal para los próximos 9 años.
El objetivo de darle autonomía a la Fiscalía es una de las tantas ficciones del nuevo sistema. La remoción del fiscal, así como la designación fueron una ficción que todos aceptaron.
Estas dos circunstancias entrelazadas entre sí, comprueban que la transición para consolidar la democracia quedó inconclusa. En ambos casos la violación de la ley fue fragrante. Pero en este país la ley se acomoda a los intereses en turno. En el pasado fue el PRI, después fue el PAN y hoy es Morena.
