Por Max González Reyes
Una de las cosas que ha caracterizado a México es que las leyes se aplican de manera discrecional. Es sabido que en este país la justicia se vende al mejor postor, a quien tiene más capacidad económica para pagar y con ello lograr evadir la ley. La lucha en contra de esa arbitrariedad ha sido uno de los temas que ha gastado infinidad de tinta para lograr un México más justo, o por lo menos no tan marcado como el que aún existe.
Para ello lo que se ha buscado es que las leyes se cumplan. México es uno de los países que más leyes tiene ampliamente codificadas. Hoy existe todo un engranaje jurídico que muchas veces es difícil de comprender. Para todo hay reglamentos, códigos, decretos, etc. Aun así, existen lagunas jurídicas por donde se cuelan algunas trampas a la ley.
Desde que los gobiernos de la Cuarta Transformación empezaron a gobernar se abría una esperanza de que ahora sí se iban a cumplir las leyes, particularmente con los más necesitados o los que menos tienen. El discurso renovador que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador en 2018, y refrendado en 2024 con Claudia Sheinbaum anunciaba un cambio en la impartición de justicia. Aunado a ello, el argumento de acercar a la ciudadanía a jueces, magistrados y ministros a través de la reforma al Poder Judicial pretendía que la voz de la sociedad fuera escuchada. Sin embargo, hoy vemos que sigue habiendo arbitrariedad, influyentismo, sobornos, y un largo etc.
Contrario a lo que se esperaba, al parecer empiezan a dar frutos las reformas que empezaron con Andrés Manuel López Obrador y se han continuado en este gobierno. La reforma judicial que cambió la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado su primera muestra de estar sometida a otro poder. El pleno del máximo tribunal de justicia en el país validó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pueda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial. Esta decisión afecta directamente a los ahorradores.
El argumento de la SCJN para tomar tal resolución estuvo basada en el simple hecho de que haya “indicios suficientes” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, por lo que toda cuenta que resulte sospechosa para las autoridades hacendarias podrá ser congelada sin previo trámite y sin aviso.
La decisión del máximo tribunal del país en materia de justicia es una violación al derecho de propiedad, así como de los derechos asentados en la Constitución, toda vez que el artículo 14 constitucional señala que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Asimismo, es violatoria de lo que establece el artículo 20, apartado B, en su I fracción que señala que “toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
Con esta decisión la SCJN vulnera los derechos fundamentales del ciudadano. De igual manera, se comprueba lo que desde un principio se sospechaba: que la reforma al Poder Judicial buscaba controlar a este poder. Con ello, la Corte del Acordeón pone en bandeja de plata las decisiones de la UIF para congelar cuentas bancarias por la simple sospecha, es decir, sin ninguna prueba; con ello le permite actuar políticamente. Con la resolución de la SCJN se puede perseguir opositores, acusarlos de financiar al crimen organizado, sin tener pruebas de ello, simplemente perseguir por perseguir.
Es sabido que en México el cumplimiento de la ley es una ficción; ahora, con esta decisión, esa práctica se usará aún más. Si en el pasado -y aun el en presente- la ley no se aplicaba, o su aplicación era discrecional, con esto lo será aún más. Tal pareciera que, a este gobierno, como al anterior, las leyes les estorban y por lo tanto hay que desecharlas.
Esto va completamente en contra de todos los avances que se han tenido para hacer un México más justo y equitativo. Con esta decisión de la SCJN cualquiera podrá ser sospechoso porque no se establecen los criterios que se tomarán para considerar a alguien sospechoso. Esto se presta mucho a la arbitrariedad y al uso político del recurso. Es claro que se debe atacar a la delincuencia y sobre todo a la fuente de sus recursos, pero acusar a cualquiera sin pruebas es una violación clara a los derechos humanos y a la Constitución.
Esta decisión de la SCJN refleja la sumisión de este poder recién reformado. Es lo que buscaba la reforma al Poder Judicial. En el fondo sigue vigente aquella expresión del ex presidente López Obrador: ¡al diablo las instituciones¡
