Tras el Código Rojo en Jalisco, la Comisión Nacional de Búsqueda canceló acciones en campo. Familias acusan incertidumbre institucional y advierten que una iniciativa legislativa podría restringir la pega de cédulas en espacios públicos.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Guadalajara, Jalisco, 26 de febrero 2026.- El colectivo Luz de Esperanza, Desaparecidos Jalisco A.C. denunció la cancelación de acciones de búsqueda en campo tras los hechos de violencia registrados el fin de semana pasado en la entidad, así como la incertidumbre jurídica y política que enfrentan ante una posible modificación legal que limitaría la colocación de fichas de búsqueda en espacios públicos.

Colectivo Luz de Esperanza denuncia cancelación de búsquedas en Jalisco y alerta riesgo de criminalizar fichas de personas desaparecidas

En un posicionamiento dirigido a la opinión pública, medios de comunicación y autoridades, el colectivo informó que la Comisión Nacional de Búsqueda suspendió las jornadas en campo “hasta nuevo aviso”, decisión que —aunque comprenden en el contexto del Código Rojo— genera preocupación por la falta de claridad sobre plazos, estrategias y garantías para reanudar las labores.

Las familias señalaron que no pueden arriesgar su integridad sin acompañamiento institucional, pero también advirtieron que la suspensión indefinida de las búsquedas coloca a las víctimas en un limbo administrativo. Subrayaron que el término “hasta nuevo aviso” puede extenderse por días, semanas o meses, en un estado que enfrenta una crisis estructural de desapariciones.

El colectivo recordó que la búsqueda de personas desaparecidas no es una concesión política sino una obligación del Estado mexicano, derivada de estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. “Buscar y ser buscado es un derecho humano y el Estado lo debe proteger, garantizar y respetar”, señalaron.

Colectivo Luz de Esperanza denuncia cancelación de búsquedas en Jalisco y alerta riesgo de criminalizar fichas de personas desaparecidas

En Jalisco —una de las entidades con mayor número de personas desaparecidas en el país— las familias han asumido históricamente tareas que corresponden a las autoridades: rastreos, identificación de indicios, difusión de fichas y presión institucional para activar mecanismos de localización.

La cancelación de acciones en campo ocurre en un contexto donde colectivos han denunciado rezagos forenses, insuficiencia presupuestal y falta de coordinación interinstitucional. Para las familias, la suspensión profundiza la desconfianza hacia las instituciones encargadas de la búsqueda.

Además de la suspensión operativa, el colectivo alertó sobre una discusión en el Congreso del Estado relacionada con una iniciativa impulsada por el diputado Alejandro Puerto, que originalmente buscaba proteger la pega de fichas de búsqueda realizada por familiares.

Colectivo Luz de Esperanza denuncia cancelación de búsquedas en Jalisco y alerta riesgo de criminalizar fichas de personas desaparecidas

Sin embargo, según el pronunciamiento, la Comisión de Seguridad y Justicia discutió una modificación que introduciría la categoría de “espacios públicos prohibidos”, lo que podría restringir la colocación de cédulas en determinados sitios.

Las familias cuestionaron la ambigüedad del término y advirtieron que clasificar espacios en “permitidos” y “prohibidos”refuerza lógicas de privatización y “blanqueamiento” urbano, priorizando la imagen de la ciudad sobre el derecho a la búsqueda.

“Las cédulas representan no solo la búsqueda en vida, sino la búsqueda de verdad, justicia y memoria”, afirmaron. Recordaron que, de acuerdo con protocolos, las fichas deben colocarse en el último lugar donde fue vista la persona desaparecida y en espacios de alta concurrencia.

Colectivo Luz de Esperanza denuncia cancelación de búsquedas en Jalisco y alerta riesgo de criminalizar fichas de personas desaparecidas

El posicionamiento interpela a los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— para que cumplan con sus obligaciones frente a la crisis de desapariciones forzadas. Las familias sostienen que cualquier medida que obstaculice la difusión de fichas o que retrase las búsquedas constituye una forma de revictimización y violencia institucional.

Asimismo, señalaron que su esperanza depende ahora de la votación en el pleno del Congreso, pero advirtieron que seguirán vigilando acciones y omisiones de las autoridades.

“Seguiremos luchando, vigilando las acciones y omisiones institucionales, y buscando a nuestros desaparecidos. Hasta encontrarlos, hasta encontrarnos”,concluye el documento fechado el 26 de febrero de 2026.

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