Ciudad de México, 11 de febrero de 2020. Decenas de organizaciones de la sociedad civil lamentaron los asesinatos de Homero Gómez González y de Raúl Hernández Romero, quienes habían denunciado en diferentes ocasiones la tala ilegal de los bosques hábitat de las mariposas Monarca en Michoacán.
Las y los defensores expusieron que el contexto y complejidad de las violencias contra personas defensoras ambientales en México ha puesto al país como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos.
“Las personas defensoras del medio ambiente no solo enfrentan las consecuencias derivadas de la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sino también de la presencia de grupos del crimen organizado que explotan los recursos naturales de su comunidad. En ambos casos la impunidad persiste. Está situación de violencia y persecución en contra de estas personas defensoras se podría agravar a raíz de las recientes propuestas hechas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en particular la de crear un cuerpo especializado de protección a ambientalistas con participación de la Guardia Nacional”, lamentaron las organizaciones.
Las organizaciones consideraron que esta propuesta consolida la militarización de los territorios, privilegiando así un modelo de desarrollo que prioriza la sobre explotación del patrimonio natural y cultural, poniendo estos elementos por encima de los derechos humanos de las personas, como lo son el derecho a la tierra y al territorio, al agua y a un medio ambiente sano, entre otros.
“Ante está situación, las organizaciones firmantes exigimos una investigación exhaustiva y diligente por parte de Fiscalía General del Estado de Michoacán, que incorporé la defensa de los derechos humanos de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero como principal línea de investigación. A su vez hacemos un llamado al Gobierno de Michoacán a reconocer la labor de personas defensoras de derechos humanos, y a generar las condiciones necesarias para que defensores del medio ambiente ejerzan su labor en un entorno seguro y propicio”, señalaron las personas defensoras.
Las organizaciones consideraron necesario que la Subsecretaría de Derechos Humanos consolide un grupo de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con participación de las personas defensoras de derechos humanos, que involucre a todos los niveles de gobierno y a las tres ramas del poder público, para generar acciones con un enfoque diferenciado y de respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, que garanticen el ejercicio al derecho a defender derechos humanos en un ambiente propicio.
