Ciudad de México, 04 de abril de 2019.- Hoy se instaló formalmente la mesa para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco. En la reunión estuvieron presentes una delegación de las mujeres denunciantes, sus representantes legales y representantes de diversas dependencias y organismos federales y del Estado de México, convocados por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Entre los primeros acuerdos alcanzados se encuentra que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención de salud.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, afirmó que el Gobierno federal cumplirá cabalmente la sentencia y que no se revictimizará a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual.
La Corte IDH notificó en diciembre de 2018, tras más de 12 años de lucha de las mujeres, que había adoptado una sentencia en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia, entre otras, en el marco de la represión policial desplegada el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
La Corte IDH ordenó al Estado realizar una investigación exhaustiva de los hechos con perspectiva de género y que incluya a todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal. También señaló que se deben implementar medidas para revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de tortura sexual y represión policíaca.
La sentencia contiene puntos clave que deben guiar la agenda estructural sobre derechos humanos, como los controles externos sobre la actuación de los cuerpos policiales y el fortalecimiento del Mecanismo de la Segob para atender casos de tortura sexual.
Las sentencias de la Corte IDH son de carácter vinculante para México, por lo que el Estado está obligado a acatar todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana. La mesa realizada hoy es un primer paso en este cumplimiento.
Si hay un adecuado cumplimiento de la sentencia, el Estado tendrá la posibilidad de poner fin a la impunidad en el emblemático caso y de tomar medidas concretas para evitar que se reproduzcan tales violaciones a derechos humanos en otros contextos.
