Estudiantes de la Normal “Carmen Serdán” y de Ayotzinapa acusaron a policías de Puebla de una detención violenta, agresiones y amenazas con armas durante una protesta. El Gobierno estatal negó los malos tratos y afirmó que, tras una revisión de autobuses para descartar explosivos, las estudiantes fueron liberadas e invitadas al diálogo.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 3 de septiembre 2025.- La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, Puebla, denunció mediante un comunicado la detención arbitraria de 105 de sus alumnas, 35 normalistas de la escuela de Ayotzinapa, 5 choferes y un asesor jurídico este martes en las inmediaciones de Casa Aguayo, sede del gobierno estatal.
De acuerdo con la versión de los estudiantes, los hechos ocurrieron tras realizar un mitin y un bloqueo para exigir la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades. El comunicado normalista detalla que los cuerpos policiacos procedieron a una detención ilegal, bajando a los manifestantes de los autobuses de manera violenta, agrediéndolos físicamente y amenazándolos con armas de fuego, lo que califican como “una grave violación a los derechos humanos“.
La organización estudiantil responsabilizó directamente al Secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, y al gobernador Alejandro Armenta de estos actos. Asimismo, señalaron que estas acciones forman parte de una “estrategia de represión y criminalización” del movimiento normalista.
En contraste, el Gobierno de Puebla emitió un comunicado oficial en el que ofreció una versión diametralmente opuesta. La administración estatal informó que las alumnas de la Normal “Carmen Serdán” fueron liberadas después de permitir la revisión de los autobuses en los que viajaban, “con el fin de descartar el traslado de explosivos”.
La autoridad precisó que durante la inspección estuvo presente personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) para verificar la integridad de las estudiantes, quienes posteriormente continuaron su viaje a su municipio de origen. El gobierno negó categóricamente que las jóvenes hayan sido trasladadas al C5 o que hayan sufrido maltrato durante el operativo, y reiteró la invitación a retomar la mesa de diálogo.
El pronunciamiento oficial añadió que se mantendrán las investigaciones para identificar a los responsables de los daños ocasionados a unidades de transporte público. Esto se refiere a un autobús del sistema RUTA que fue incendiado durante las protestas, un hecho que, según el gobierno, presuntamente involucró a “personas ajenas al grupo estudiantil”. El gobierno estatal reiteró respetar la libre manifestación pero reprobó “actos de vandalismo que afectan a terceros”.
