La iniciativa discutida en el Senado otorga facultades para bloquear plataformas digitales sin orden judicial y propone un registro de usuarios móviles, pese a fallos previos de la Suprema Corte.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 25 de abril de 2025. – La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, actualmente discutida en comisiones del Senado, ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advierten que las disposiciones planteadas ponen en riesgo la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad de las personas en México.
De acuerdo con el análisis de especialistas, el proyecto de ley otorga a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones facultades extraordinarias para bloquear plataformas digitales cuando así lo soliciten “autoridades competentes”, sin que estas sean claramente definidas ni se requiera de una orden judicial. Esta medida permitiría la restricción extrema de la libertad de expresión en Internet, contraviniendo principios establecidos en la Constitución mexicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben la censura previa.
“El bloqueo de plataformas digitales enteras equivale al cierre arbitrario de estaciones de radio o televisión”, alertaron, señalando que dichas acciones deben regirse bajo estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, conforme a estándares internacionales.
Otro aspecto preocupante es que, según el artículo 109 de la propuesta, la Agencia tendría la facultad de determinar los procedimientos y estándares para bloquear plataformas, una tarea que, de acuerdo con el marco legal, debería ser definida por el Congreso de la Unión mediante ley clara y precisa. Delegar esta responsabilidad a una dependencia administrativa, sostienen expertos, abre la puerta a restricciones discrecionales y violaciones graves a derechos fundamentales.
Además, la iniciativa contempla en su artículo 8 la creación de un “registro de usuarios del servicio móvil”, similar al extinto Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022. Aunque no detalla en qué consistirá este registro, faculta a la Agencia a permitir el acceso de autoridades bajo lineamientos que definiría internamente, sin criterios claros establecidos por ley.
A ello se suma la preocupación por el artículo 161, que permite a las instancias de seguridad pública federal y de seguridad nacional operar dispositivos que bloqueen o anulen señales de telefonía, datos o radiocomunicación. La falta de precisión sobre las atribuciones bajo las cuales podrían usar estos dispositivos plantea riesgos de apagones de Internet y restricciones arbitrarias de las telecomunicaciones, lo cual podría tener efectos devastadores para los derechos humanos.
Pese a las críticas, el proyecto también contiene avances, como el fortalecimiento del principio de neutralidad de la red en los artículos 107 y 108, lo cual permitiría emitir lineamientos más robustos para proteger la libre circulación de información en Internet.
Ante estos riesgos, diversas organizaciones hicieron un llamado al Senado para abrir una discusión amplia, pública e incluyente antes de aprobar la reforma. En concordancia, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la necesidad de revisar y corregir el texto de la iniciativa.
“El Congreso tiene la responsabilidad de actuar con prudencia y garantizar que ninguna reforma ponga en peligro los derechos fundamentales de las y los mexicanos”, señalaron, advirtiendo sobre las graves consecuencias que una aprobación vía fast track podría acarrear para la democracia en el país.
