El Comité contra la Desaparición Forzada solicita llevar el caso mexicano a la Asamblea General ante indicios de violencia sistemática y responsabilidad estatal.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México 2 de abril 2026.- El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó formalmente al Secretario General de la ONU que remita la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de la ONU, en una medida excepcional que busca activar la atención y el respaldo internacional frente a una crisis que, según el organismo, presenta indicios de crímenes de lesa humanidad.
La decisión, adoptada conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se basa en información que el Comité considera “fundada y verosímil”, la cual apunta a que en México se han cometido desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en distintos momentos y regiones del país.
Aunque el procedimiento tiene un carácter preventivo —y no implica una investigación penal directa—, el señalamiento coloca el fenómeno en un nivel de gravedad internacional, al advertir que los patrones documentados cumplen con elementos que podrían encuadrarse dentro de los crímenes de lesa humanidad.
El Comité subrayó que su análisis se nutre de múltiples fuentes: información presentada por organizaciones de la sociedad civil, respuestas del Estado mexicano en 2025, así como datos recopilados desde 2012, incluyendo su visita oficial al país en 2021 y las acciones urgentes promovidas por víctimas y familiares.
En este contexto, el organismo reconoció que la llamada “guerra contra las drogas” ha contribuido a generar condiciones de violencia estructural. Sin embargo, precisó que no encontró evidencia de una política estatal centralizada orientada a cometer desapariciones forzadas. Aun así, enfatizó que el derecho internacional no exige que estos crímenes se originen desde los más altos niveles de gobierno ni que ocurran en todo el territorio para ser considerados como tales.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan en todo el país ni que se orquesten desde las más altas esferas del poder. Lo relevante es el carácter sistemático o generalizado de los ataques contra la población civil”, afirmó Juan Albán-Alencastro.
Frente a la postura del Estado mexicano, que atribuye la mayoría de las desapariciones a grupos del crimen organizado, el Comité advirtió que existen casos documentados con indicios de participación directa de agentes públicos o de su aquiescencia, lo que configura responsabilidad estatal bajo estándares internacionales.
Además, recordó que tanto la Convención como el Estatuto de Roma contemplan que estos crímenes pueden ser cometidos también por organizaciones no estatales, siempre que formen parte de ataques sistemáticos contra la población civil.
En términos de magnitud, el Comité alertó que, aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no distingue con claridad los casos de desaparición forzada, las cifras disponibles evidencian una crisis de gran escala. Señaló el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas, con al menos 6,200 cuerpos y miles de restos humanos, además de aproximadamente 72 mil personas no identificadas.
A pesar de las medidas implementadas tras la visita del Comité en 2021, el organismo concluyó que no existe una mejora sustancial en la situación. Por el contrario, advirtió que las instituciones mexicanas permanecen rebasadas por la magnitud del problema, lo que evidencia la necesidad de transformaciones estructurales.
Ante este escenario, el CED solicitó a la Asamblea General considerar mecanismos de cooperación internacional que incluyan asistencia técnica, apoyo financiero y acompañamiento especializado en tareas de búsqueda, identificación forense e investigación de redes de complicidad entre autoridades y crimen organizado.
Asimismo, planteó la urgencia de establecer mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la verdad, la protección de familias buscadoras y la seguridad de organizaciones que documentan la crisis.
