Este 19 de marzo se cumplen siete años de la desaparición de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV; pese a que su desaparición forzada significó un antes y un después en la lucha social por la desapariciones en el estado, sus familiares han tenido que pelear contra una verdad fabricada en la que el Gobierno de Jalisco aseguró que los tres jóvenes fueron asesinados y que no hay forma de localizarlos porque sus cuerpos fueron disueltos en ácido.
“Verdad histórica” que fue desechada por un juez en mayo de 2024, pues en el expediente de investigación no existen pruebas periciales y forenses contundentes para cerrar el caso bajo la versión que aún sostiene como cierta la Fiscalía de Jalisco; por ello, a siete años, las familias de Marco y Daniel exigen no sólo que los busquen con vida sino que las autoridades reconozcan que todo ha sido un engaño que se orquestó para frenar la presión social generada por su desaparición.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
“En el juicio una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señaló que en los bidones donde supuestamente habían disuelto a nuestros hijos no se encontraron restos humanos, únicamente diesel”, lo anterior fue mencionado por la señora Vicki -madre de Jesús Daniel Díaz García- en la rueda de prensa que se convocó para no olvidar que este 19 de marzo de 2025 se cumplen siete años de la desaparición forzada de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, todos estudiantes de cine en la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV.
El testimonio de la química forense que, por sí mismo pone en duda la versión oficial, formó parte del desahogo de la audiencia o juicio oral en Puente Grande que ocurrió entre el 1 de abril y el 17 de mayo del 2024, y en el que la Fiscalía General de la República -instancia que atrajo la investigación en 2018- “desahogó” las pruebas que tenía sobre el caso.
De ese proceso judicial se notificó que cinco personas recibieron sentencias condenatorias por 75 años de prisión por el delito de secuestro agravado, no por el desaparición, tal y como exigían las familias de los jóvenes estudiantes.
Las personas sentenciadas fueron Eduardo Geovani Gómez Reynoso, alias “Cochi”; Christian Omar Palma Gutiérrez, alias “QBA”; Jonathan Alejandro Anaya Delgadillo, alias “Kalimba”; Miguel Ángel Casillas Pérez, alias “Tun Tun” y Jonathan Josué Hernández Moreno, alias “Choco”; sin embargo, ese día se dejó en libertad a Alejandro N., pues no existieron pruebas contundentes de que éste hubiera participado en los hechos, algo que los padres desmienten, pues en la carpeta de investigación se sabe que éste sí fue copartícipe.
“Lo más importante de ese juicio, no sólo fueron esas sentencias… sino que ese día el juez determinó que el caso no se podría cerrar porque no había elementos suficientes para señalar que nuestros hijos hayan sido asesinados y desaparecidos como asegura la Fiscalía”,explicó Sofía Ávalos, madre de Marco Francisco García Ávalos.
Para ella, el que eso haya pasado confirma que no hay forma de sostener la verdad que fabricaron las autoridades de Jalisco, pero también de que existe una obligación de que se busque con vida a los jóvenes, algo que lamentablemente nunca ha ocurrido.
“Desde el principio no se les buscó como deberían, por eso exigimos que se haga un plan para realizar una búsqueda en campo… para buscarlos con vida, ya que en estos siete años esto jamás de ha hecho”, explicó la señora Vicki, al tiempo que recordó que en los primeros días ella ofreció toda la información que tenía a la mano para que los buscaran, pero eso jamás pasó.
“Si ellos hubieran hecho bien su trabajo desde el principio, quizá, acá tendríamos a nuestros hijos, pero eso no pasó”, precisa la madre de Daniel.
Lo que pasó también en el desahogo de pruebas es que quedaron al evidente dos cosas importantes: 1) las múltiples inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación que hizo la Fiscalía de Jalisco, y 2) la falta de trabajo pericial y de investigación de parte de la Fiscalía General de la República, instancia que tras atraer el caso no realizó ninguna nueva línea de investigación ni siquiera revisó la validez de las confesiones de los hoy sentenciados, pues al menos tres de ellos, en el propio proceso judicial, declararon haber sido torturados para firmar su participación en la versión oficial que armó la Fiscalía de Jalisco.
“Cuando el caso lo atrajo la FGR, teníamos la esperanza de que las cosas cambiarían, pero tras el paso del tiempo, pero más en el desahogo de pruebas ante el juez nos dimos cuenta de que presentaron la misma carpeta que les entregó Fiscalía de Jalisco… ni siquiera se esforzaron un poco y, a la fecha, tampoco han hecho nada”, explicó Sofía, quien hace menos de un mes intentó llamar a su ministerio púbico federal, pero ya no le contesta el teléfono.
Donde también existieron y existen inconsistencias, explica Miguel Díaz -padre de Jesús Daniel- es la presentación de las y los testigos claves en el caso, pues sin dar fundamentos contundentes, la FGR no explicó porque no fueron a declarar las últimas personas que vieron a los jóvenes antes de su desaparición:
“Nosotros señalamos lo importante que era que esas personas declararan, pero sólo se nos explicó que algunas personas no quisieron hacerlo por amenazas, otras porque no fueron localizadas… pero era importante que declararan, pero no lo hicieron”.
Quienes sí declararon, recuerdan las madres y el padre, fueron la decena de funcionarios públicos de la Fiscalía de Jalisco que desde el inicio hicieron mal su trabajo.
“Los que sí declararon fueron quienes al inicio nos dijeron que a los muchachos se los habían llevado de tal lugar, pero después en el expediente anotaban otro… lo que nos dijeron que en el lugar a donde los llevaron había estado tres días, pero después al leer el expediente decían que sólo estuvieron ahí de un día para otro… inconsistencias que nos hicieron y nos hacen desconfiar de lo que hicieron”, explicó el señor Miguel.
A casi un año, del “desahogo” de pruebas y de que la autoridad judicial determinara no sólo no cerrar el caso, sino de seguir con las investigaciones, las familias de Daniel y Marco denunciaron que no existe avance alguno del caso, pues lo único que se han girado son oficios para cotejar el ADN tomado a las familias con los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, resguardos en diversos estados del país.
Pero de nuevas líneas de investigación, nada. Mucho menos saben de planes de búsqueda en vida, pues en estos siete años jamás les han presentado ninguna estrategia para buscar a Marco, Daniel y Salomón con vida.
“Lo que nosotros queremos es que los busquen, que salgan a buscarlos porque no lo han hecho en estos años… queremos que salgan a buscarlos porque algo me dice que mi muchacho está ahí en alguna parte”, precisó Vicki.
También exigen, como lo evidencia la señora Sofía, la realización de un proceso serio de investigación, pues ninguna de las acciones de la Fiscalía de Jalisco o de la Fiscalía General de la República han sido eficaces en la búsqueda de los jóvenes cineastas.
Actualmente, aunque el caso esté abierto para las familias está inactivo, pues nadie les ha notificado ningún avance, tampoco saben nada de la apelación por el auto de formal libertad que se dio a Alejandro N., pues las familias quieren que se revise el por qué se le dejó en libertad; por ello, le solicitaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y al fiscal general, Alejandro Gertz, que revisen el caso y que se busque de manera inmediata a los tres estudiantes de cine.
¿Cómo ocurrió la desaparición forzada de los tres jóvenes?
La noche del 19 de marzo, tras finalizar una grabación en el fraccionamiento Colinas de Tonalá -ubicado en el municipio del mismo nombre- los tres jóvenes emprendían el camino de regreso a casa cuando el vehículo en el que viajaban se averió.
Al bajarse para identificar la falla mecánica fueron abordados por un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de la Policía Estatal, quienes los obligaron a tirarse al piso para después llevárselos por la fuerza a bordo de las camionetas negras en las que viajaban. Esta información fue confirmada por otros estudiantes que también habían acudido a la grabación y observaron a distancia lo que pasó con sus compañeros.
A través de un video, las autoridades de Jalisco mostraron una línea de tiempo con la que explicaron qué fue lo que pasó después de que los jóvenes fueran desaparecidos entre el kilómetro 19 y 20 del nuevo Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, por presuntos policías; sin embargo, tras las pesquisas, se dijo que no fueron policías sino integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que portaban uniformes apócrifos.
La Fiscalía precisó que, a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de dos de los ocho responsables de los hechos, la desaparición de los jóvenes sucedió por una confusión pues el lugar donde éstos realizaron una filmación escolar (el día de su desaparición), había fungido como casa de seguridad de integrantes del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una escisión del CJNG en la zona); específicamente, de Diego Gabriel Mejía Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese mismo domicilio, armas de alto calibre y droga.
Los tres jóvenes, según confesaron dos de los detenidos Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Lechuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el domicilio y qué información tenían sobre sus rivales.
Pero los jóvenes nada sabían de esto, ya que el tiempo y las propias investigaciones han comprobado que ellos, no tenía vinculación alguna con la delincuencia organizada.
En esa casa de seguridad, según el expediente, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron ahí rastros hemáticos que resultaron positivos con la información genética de Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García; sin embargo, de Javier Salomón Aceves Gastélum no se encontró registro de sangre.
Los hoy sentenciados por el delito de privación de la libertad (no por desaparición) también confesaron que después trasladaron a los estudiantes a una segunda casa de seguridad ubicada en la calle Amapola en la colonia Rancho de la Cruz también en Tonalá, donde aparentemente fueron asesinados para después disolver ahí en ácido sus cuerpos.
En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus inferencias lógicas, basadas en la declaración de los detenidos y en los hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes tuvieron ese triste final, pues así lo precisó, Elizabeth Torres, encargada de la investigación.
Lo cierto es que, a la fecha, no se han presentado los resultados de las confrontas entre el material genético localizado (más de 20 perfiles) y las muestras de ADN otorgadas por las familias de los estudiantes; la aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en ácido fue algo que la Fiscalía del Estado Jalisco no logró sostener científicamente en su rueda de prensa, aunque en ella y en el video utilizado se señalara que: “los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido”.
Circunstancia que fue desmentida por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues los estudios realizados en esos bidones no muestran ningún tipo de rastro de restos humanos, únicamente presencia de diesel.
Por ello, es que a siete años de la desaparición de Marco, Daniel y Salomón sus familias exigen que se les busque con vida.
