Por Rodrigo Piña
Debido a los recientes asesinatos de los periodistas Gustavo Sánchez Cabrera y Enrique García García, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el comité para la protección de periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigen la creación política integrales que protejan a los comunicadores sociales, ya que se ha registrado un incremento entre el 10 y el 13 por ciento de ataques contra la prensa.
El pasado 17 de junio, en Oaxaca, el periodista Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado de un disparo en la cabeza con arma de fuego mientras conducía su motocicleta. El periodista reportaba nota roja y política local en los medios digitales Noticias Minuto a Minuto y Panorama Pacífico TV, de los cuales también era director.
A pesar de que el Estado mexicano estaba al tanto sobre el riesgo que corría la vida del periodista, no se tomaron las medidas necesarias para evitar su muerte. En 2014, tras recibir amenazas por su labor periodística, Gustavo Sánchez fue incorporado al Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, sin embargo, se le dio de baja de dicho mecanismo sin especificar las razones. En julio del 2020, el periodista sufrió un atentado contra su vida en su domicilio y, aunque reconoció a su agresor y se emitió una orden de aprehensión, ésta nunca se ejecutó.
Desde ese entonces y hasta su muerte, el periodista no paró de denunciar las amenazas que recibía en su contra. En enero del 2021, solicitó la reincorporación al mecanismo de protección, sin embargo, fue hasta el mes de mayo cuando se validó el dispositivo de protección que consistirían en vigilancia frente a su casa, escoltas para sus viajes y un chaleco antibalas; lamentablemente, las medidas nunca se aplicaron y dieron como resultado su asesinato.
Posteriormente, el 17 de junio de 2021, en el Estado de México, fue asesinado el periodista Enrique García García, dentro de su vehículo que utilizaba para trabajar como conductor de la plataforma Didi y, aunque actualmente ya no se desempeñaba como reportero, estuvo laborando en el equipo de comunicación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la reciente campaña electoral.
De acuerdo a protocolos de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tiene que considerar el rol como periodista de la víctima, y su labor de comunicador social de un partido político, no solamente ceñirse a la línea de investigación de un posible asalto, mucho menos, cuando el proceso electoral de este año estuvo enmarcado por al menos 55 amenazas contra la prensa.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, debido a la impunidad que trae consigo los asesinatos, y por la insuficiencia de las actuales políticas de protección. Cabe señalar que desde el año 2000, se tienen registrados 139 asesinatos de periodistas, de los cuales 12 eran personas beneficiarias del mecanismo de protección.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que es responsabilidad del Estado prevenir, proteger y procurar justicia ante agresiones cometidas contra la prensa, es necesario implementar medidas precautorias para dichos ataques, no sólo después de los hechos de violencia.
Por lo anterior, RSF y el CPJ, reiteran la urgencia de implementar una política de protección integral eficiente, así como exhortar a las autoridades federales y locales que se pronuncien a favor de la importancia de la labor periodística en la vida social, así como también adoptar una posición en contra de la violencia contra la libertad de prensa.
Asimismo, se exige que el Estado mexicano dé máxima prioridad a atender y resolver la situación de impunidad de los asesinatos cometidos contra periodistas y comunicadores sociales, asegurar la libertad de expresión y prevenir cualquier ataque contra la prensa.
