Por Rodrigo Piña
Después de cuatro años de lucha legal, el pasado 24 de junio el Segundo Tribunal de Circuito Cholula, Puebla; confirmó la sentencia en donde el Gobierno del Estado, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría General de Gobierno y las autoridades municipales de Tamazulápam, deberán respetar y garantizar el derecho al agua a la comunidad de Ayutla, Oaxaca.
Con este fallo, a favor de los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, la reconexión al manantial que los abastecía de agua tiene que ser inmediata. Ya que desde 2017, Ayutla empezó a carecer del vital líquido cuando pobladores del municipio vecino, Tamazulápam, los despojó con violencia del agua, dejando un saldo negativo de un hombre muerto y cuatro mujeres secuestradas.
En julio del 2020, el Juzgado Tercero del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia a favor del derecho humano al agua potable para los habitantes de Ayutla, sin embargo, esta no se concretó porque la otra comunidad en disputa apeló a dicho fallo.
Según El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Asamblea General de las Naciones Unidas y nuestra Constitución Política, el agua potable es consagrada como un derecho humano esencial. Por tal motivo, las autoridades del Estado mexicano son responsables, en términos del artículo primero constitucional, en garantizar este derecho.
Mediante la última notificación ejecutoria, el poder judicial ordena a las autoridades a cumplir con ésta en un plazo de tres días hábiles.
Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) conformada por 86 organizaciones de la República mexicana, exigen que se acate el fallo y no se incurra en más acciones que entorpezcan la orden como en el pasado.
