Ciudad de México, 15 de enero de 2021. Ante el anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos, activistas de derechos humanos, personalidades políticas y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación y señalaron que es un mal signo del creciente poder del Ejército y de la incapacidad de la Fiscalía para investigar graves acusaciones.
El pasado 15 de octubre, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), por supuestas ligas con un cártel del narcotráfico en México.
El 17 de noviembre, la jueza al frente del caso determinó que se retiraran los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tras el desistimiento del Departamento de Justicia citando razones de política exterior. Trascendió en medios que hubo fuertes presiones del Gobierno mexicano para que el general fuera devuelto a México, lo que sucedió el 18 de noviembre. Desde entonces, en la opinión pública se manifestó que sería una prueba de fuego de la capacidad de la Fiscalía mexicana para enjuiciar a elementos del Ejército y a altos cargos acusados de corrupción y graves violaciones a derechos humanos.
Tras conocerse la decisión de la FGR, el Centro Prodh llamó a transparentar el expediente y advirtió: “La inocencia se presume. Pero en un contexto de creciente militarización y de incapacidad de la FGR México para investigar a castrenses, la precipitada exoneración del ex Titular de la SEDENA también se presume parcial”.
Por su parte, WOLA advirtió que el caso Cienfuegos refuerza serias preocupaciones sobre el creciente poder del Ejército y sobre las posibilidades de la FGR de investigar graves delitos y casos de derechos humanos, incluyendo miles de desapariciones.
Ya en noviembre, el Centro Prodh había advertido que: “En este escenario, el desafío es para la Fiscalía General de la República y nada en la historia reciente permite presumir que ésta actuará como instancia de fiscalización externa en un caso que involucra a quien en el pasado encabezó la Sedena, cuando se ha mostrado incapaz de llevar ante la justicia a militares de menor grado involucrados en actos de corrupción o violaciones a derechos humanos, siendo siempre complaciente con la cadena de mando. Ahí está el caso Tlatlaya para acreditarlo”.
Por la mañana, el presidente de la República respaldó la decisión de la Fiscalía e insinuó que las acusaciones eran una fabricación de la agencia estadounidense. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo esta mañana que ese Gobierno “se reserva el derecho de reanudar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México falla”.
