La SEP adelantó el fin del ciclo escolar al 5 de junio de 2026 bajo el argumento del calor y el Mundial de Futbol. Lo que no dice el boletín oficial: quién cuida a lxs niñxs esas tres semanas, quién paga ese cuidado y quién renuncia a qué para que la política funcione.
Por Isabel Sanginés Franco / @IsaSangines
El anuncio de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio de 2026 no es, como pretende la narrativa oficial, una medida técnica de ajuste pedagógico ante las altas temperaturas y el Mundial de Futbol. Es, más bien, una confesión de las prioridades reales del Estado mexicano: la escuela como depósito provisional donde la infancia transcurre mientras lxs adultxs producen, no como proyecto educativo; el cuidado como problema privado de las familias, no como responsabilidad pública; y el tiempo libre como bien de consumo estratificado por clase, no como derecho universal. Que el anuncio se haga sin rubor, envuelto en el lenguaje neutro de la “reorganización del calendario”, revela hasta qué punto hemos naturalizado la idea de que el Estado puede retirarse de la infraestructura social sin consecuencias, o más bien, sin consecuencias que importen políticamente.
La justificación pedagógica que acompaña la medida —un periodo de reforzamiento en agosto para compensar la reducción de días lectivos— es, en sí misma, una admisión de que se está recortando tiempo de instrucción. Sin embargo, conviene ser precisos: con el reforzamiento incluido, la pérdida real de asistencia al aula se reduce a tres semanas, no a un mes y medio. Ese matiz importa para no caer en la hipérbole fácil, pero no salva el argumento oficial; al contrario, lo desnuda con mayor claridad. Porque enmarcar la calidad educativa en términos de días y horas es, de entrada, un error de diagnóstico. Esa fe ciega en la equivalencia cuantitativa —menos días en junio, más días en agosto, igual a saldo neto cero— ignora lo que la investigación educativa ha documentado con insistencia: que el tiempo de instrucción no opera como una variable neutra que se suma o se resta sin alterar su efecto. Finlandia, por ejemplo, que ocupa sistemáticamente los primeros lugares en las evaluaciones de calidad de la OCDE, tiene una de las jornadas escolares más cortas del mundo: lxs niñxs finlandeses comienzan la escolaridad formal a los siete años, tienen menos horas de clase que sus pares mexicanxs y disfrutan de los veranos más largos de Europa. Su ventaja no proviene de más tiempo en el aula sino de mayor autonomía pedagógica, de una concepción del aprendizaje que no confunde presencia física con adquisición de conocimiento y de una red pública de cuidados. En el extremo opuesto, Mathias Huebener demostró que las políticas en Alemania de aumentar la jornada escolar beneficiaron casi exclusivamente a lxs estudiantes de alto desempeño, mientras que lxs rezagadxs no obtuvieron ningún beneficio. Más horas en el aula no cierra brechas; las ensancha.
Por otro lado, la honestidad intelectual y periodística nos obliga a reconocer que el diseño del nuevo calendario tiene una lógica pedagógica que no es del todo desdeñable, y que ignorarla sería tan deshonesto como aceptarla sin matices. En el sistema educativo nacional mexicano, las últimas semanas de junio y las primeras de julio, suelen ser semanas de “simulación académica” —convivios, ensayos de clausura, promedios ya cerrados— y el reforzamiento de agosto, con un grupo descansado y sin presión de avanzar en el programa, puede tener más densidad pedagógica real que el tiempo que sustituye. Todo eso es cierto. Pero ninguno de esos argumentos responde la pregunta que el Estado deliberadamente no formula: ¿quién cuida a lxs niñxs durante esas tres semanas? ¿Quién paga ese cuidado? ¿Quién renuncia a qué para que la administración de la política educativa funcione?
Porque aquí es donde la retórica del “tiempo libre” se revela como lo que es: una ficción de clase. El tiempo libre de calidad —el tiempo que permite viajes, campamentos, talleres, museos, cursos de verano, burbujas educativas, actividades deportivas organizadas— es un bien de consumo al que se accede con capital económico y cultural. No es un derecho que el Estado garantiza; es un privilegio que el mercado distribuye de forma brutalmente desigual. La investigación The Matthew Effect in Early Childhood Education and Care (2023) documenta que el acceso a cuidado infantil de calidad está sesgado sistemáticamente en contra de lxs niñxs más pobres, precisamente aquellxs que más se beneficiarían de él. Las instituciones educativas no compensan la desigualdad de origen; la reproducen y la amplifican. Y si eso es cierto durante el ciclo regular, durante el verano se vuelve obsceno: lxs niñxs de familias con recursos (por más que ahora se quejen, porque tendrán que gastar extra) pasaran esas semanas en entornos enriquecedores; lxs niñxs sin esos recursos las pasan en casa, solxs, frente a pantallas, en condiciones de precariedad material y emocional que ningún reforzamiento de agosto puede revertir. Cuando ambxs regresen en agosto, la brecha entre ellxs será más ancha de lo que era el 4 de junio. El Estado lo sabe, o debería saberlo. Esas tres semanas para unxs son ganancia; para otrxs son pérdida y no únicamente académica sino relacional y cultural, porque aunque junio sea tiempo de esparcimiento en la escuela, es el espacio seguro y de tiempo, aunque dirigido, relativamente libre para imaginar.
Pero la desigualdad de clase no es la única dimensión de esta política; tiene también género. Hay un impuesto silencioso que el Estado transfiere a las mujeres cada vez que reduce el tiempo escolar sin ofrecer alternativas públicas de cuidado, y ese impuesto no aparece en ningún boletín oficial. En México, las mujeres realizan (siendo conservadora) más del 75% del trabajo de cuidados no remunerado —una cifra que no es accidente sino arquitectura social construida durante siglos y reproducida por cada política pública que asume la existencia de una cuidadora disponible, gratuita e inagotable. Cuando la escuela cierra por más tiempo, alguien tiene que estar en casa. Esa alguien tiene nombre y género. Las madres de clase trabajadora, que no tienen la opción de trabajar desde casa, que no tienen acceso a redes de cuidado privadas, que no pueden pagar campamentos de verano, son las que absorben el costo completo de esta política. Y lo hacen en silencio, porque el trabajo de cuidados es invisible hasta que falta, y porque pedir que se reconozca sigue siendo, en este país, una forma de ingratitud.
Juan Carlos Campaña e Ignacio Giménez Nadal demostraron en 2017 que en México lxs padres y madres con mayor nivel educativo dedican más tiempo al cuidado educativo de sus hijxs, lo que significa que las brechas de clase en el uso del tiempo libre no son solo cuestión de dinero sino de capital cultural y disponibilidad temporal: los mismos recursos que permiten a una familia aprovechar las vacaciones son los que están distribuidos de forma más desigual. Y cuando la crisis de cuidados estalla —porque siempre estalla— la penalización recae sobre las mujeres de forma desproporcionada y persistente. Lauren Hoehn-Velasco documentó en 2022 que durante la pandemia, cuando las escuelas cerraron abruptamente, los hombres recuperaron sus niveles de empleo con relativa rapidez; las mujeres experimentaron pérdidas persistentes. La interrupción escolar no es un inconveniente logístico neutral; es una política que empuja a las mujeres fuera del mercado laboral, que las devuelve al espacio doméstico, que las obliga a elegir entre ingresos y cuidado. Sin compensación. Sin reconocimiento. Sin siquiera la decencia de nombrarlo.
El Estado mexicano ha diseñado sus políticas educativas desde un imaginario de familia que ya no existe: la familia nuclear con un proveedor masculino y una cuidadora femenina de tiempo completo. Ese modelo, si alguna vez fue mayoritario, hace décadas que dejó de serlo, pero nuestras instituciones siguen operando como si nada hubiera cambiado. Nora Nagels documentó en 2023 que el Programa de Estancias Infantiles de 2007, que en teoría debía democratizar el acceso al cuidado, tuvo cobertura limitada y calidad estratificada, reproduciendo en lugar de desmantelar las desigualdades de clase y género en la infraestructura de cuidado. No fue un accidente de implementación; fue el resultado previsible de una política que trata el cuidado como un asunto residual, como lo que queda después de que el Estado hace lo que considera importante.
La conclusión es incómoda pero ineludible: adelantar el fin de clases sin construir infraestructura pública de cuidado no es una reorganización del calendario escolar. El calendario escolar no es un asunto técnico; es un mapa de las prioridades del Estado y la complejidad de las relaciones de clase. Y este calendario nos dice, con claridad brutal, que la equidad educativa, la autonomía económica de las mujeres y el bienestar integral de las infancias no están son prioritarias.
Si el dispositivo de contención temporal de las infancias, llamado escuela, se vuelve inconveniente – por el calor, por el Mundial, por la razón administrativa en turno- simplemente se desactiva y se transfiere el problema al ámbito de la familia. Pero las familias no son unidades homogéneas con recursos equivalentes; son estructuras atravesadas por desigualdades de clase, género, raza y geografía. Y en ausencia de políticas públicas que compensen esas desigualdades, cada retiro del Estado profundiza las brechas existentes.
Lo que necesitamos no es un calendario escolar más corto o más largo, sino un Estado que entienda que la educación no es solo lo que ocurre dentro del aula, que el cuidado no es un asunto privado, y que el tiempo libre no es un bien de consumo sino un derecho que requiere infraestructura pública para ser ejercido en condiciones de igualdad. Eso significaría escuelas de verano públicas, gratuitas y de calidad; subsidios de cuidado para familias trabajadoras; programas de alimentación extendidos; espacios públicos seguros y accesibles para el juego libre. Significaría, en otras palabras, tomar en serio la idea de que la infancia es una responsabilidad colectiva, no un problema privado que cada familia resuelve como puede. Y eso, en el marco del sistema capitalista vigente, es una quimera.
