Familias buscadoras lograron que avanzara una reforma a la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco. Aunque incorpora nuevas obligaciones para las autoridades, los colectivos advierten que sin presupuesto, sanciones y vigilancia pública podría quedar sin cumplimiento.
Colectivos denuncian que una reforma en el Congreso de Jalisco introduce el término “espacios públicos no prohibidos”, lo que podría restringir la pega de fichas de personas desaparecidas y vulnerar el derecho a ser buscado.
En el Congreso de Jalisco se llevó a cabo el Parlamento Abierto Ciudadano por el Agua, donde académicos, legisladores y organizaciones sociales coincidieron en exigir una sola Ley General de Aguas con enfoque de derechos humanos. Advirtieron que la iniciativa de la Conagua para dividir la legislación en dos normas distintas es inconstitucional, favorece la privatización y pone en riesgo el acceso equitativo al agua de comunidades y pueblos del país.
Más de 120 horas en huelga de hambre han cumplido Arely, Isela y Lisi, tres madres que luchan contra la violencia vicaria y que permanecen en plantón a las afueras del Congreso de Jalisco. Cinco días de ayuno que no han sido suficientes para las y los legisladores a quienes se les ha llamado a convocar a una sesión extraordinaria urgente para aprobar la Ley Vicaria en Jalisco, misma que ha permanecido congelada desde 2022.
Tras 48 horas de huelga de hambre a las afueras del Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco, integrantes de la colectiva Madre Yo sí te creo decidieron trasladar su campamento al Congreso del Estado de Jalisco, lugar donde sus compañeras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria mantenían otro campamento de manera simultánea.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) manifestó su preocupación frente al lanzamiento de la convocatoria para el proceso de elección del...
Jenny Kalindy Bolívar, estudiante ecuatoriana del CIESAS, permanece desaparecida desde el 26 de agosto en la Ciudad de México. Familiares y redes de apoyo denuncian inconsistencias en el caso y exigen una búsqueda con perspectiva de género. La Fiscalía capitalina aseguró el inmueble donde fue vista por última vez.
Aunque la interrupción voluntaria del embarazo es legal en 25 entidades de México, una investigación de Fundar documenta que la centralización de los servicios, los horarios limitados, la falta de presupuesto, los estigmas y las trabas administrativas continúan obstaculizando el acceso al aborto seguro dentro del sistema público de salud.
