El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ante la masacre ocurrida el 31 de marzo del presente año en la localidad de Niños Héroes, exige que el Estado mexicano indague la responsabilidad de la Guardia Nacional por su participación en este hecho.
Tras la construcción de un cuartel de la GN en un área natural protegida ubicada en el pueblo originario de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, pobladores denuncian actos de autoridades capitalinas que vulneran su derecho a la consulta y al medio ambiente sano, entre otros.
Fotógrafo capta a ciudadano que carga a un elemento de la Guardia Nacional para que no se moje al cruzar el Río Papagayo durante la búsqueda del defensor Vicente Suástegui en Guerrero.
Por Sididh
Ciudad de México, 27 de julio de 2020. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al Estado mexicano sus obligaciones internacionales y destacó los estándares interamericanos...
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.