La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León presentó un informe especial que visibiliza las afectaciones que viven niñas, niños y adolescentes con familiares desaparecidos. A través de testimonios directos, el documento expone daños emocionales, escolares, económicos y familiares, además de proponer una política pública integral con enfoque de derechos humanos.
El 10 de mayo, familias de desaparecidos marcharon en la XIV Marcha por la Dignidad Nacional. Colectivos de todo el país exigen al Estado resultados ante 130 mil casos en México.
movimiento ciudadano aclara que el anuncio del gobernador Samuel García no es un decreto oficial, sino un "aviso de intención", y denuncia la falta de estudios técnicos y presupuesto para proteger el río.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 10 de junio 2025.- El movimiento Un Río En El Río desmontó este lunes la narrativa oficial sobre la supuesta declaratoria del Río Santa Catarina como "Santuario Ecológico", anunciada por el gobernador Samuel García el 8 de junio. En una rueda de prensa, la organización explicó que lo publicado en el Periódico Oficial no es un decreto, sino un mero aviso de intención, y exigió procesos legales y técnicos transparentes para garantizar una protección real.
El río ya es un Área Natural Protegida (ANP) desde 2008 bajo la categoría de Parque Urbano. Para cambiar su estatus, la ley exige un Estudio Técnico Justificativo (ETJ) que evalúe su valor ecológico, social y cultural. Sin embargo, Un Río En El Río confirmó que este estudio no ha comenzado, ni hay presupuesto asignado para realizarlo. "Sin estos pasos, no hay declaratoria válida", señalaron.
Además, criticaron que el "aviso" del gobierno omita las coordenadas geográficas del área a proteger, un requisito legal básico. "La voluntad política debe traducirse en acciones congruentes: estudios científicos, consulta pública y recursos", insistió el colectivo, que propone reclasificar el río como Corredor Biológico Ripario para priorizar su función ecológica.
La incongruencia más grave, denunciaron, es que mientras se habla de proteger el río, el proyecto del viaducto elevado de cuota —que amenaza su ecosistema— sigue en pie. El 6 de junio, Un Río En El Río y Calles de Primer Nivel interpusieron un amparo contra SEMARNAT por ocultar información clave de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del viaducto, violando el derecho a la participación ciudadana.
"¿Cómo puede ser santuario el mismo río donde se planea una obra destructiva?", cuestionaron. El movimiento insistió en que cualquier decisión sobre el Santa Catarina debe involucrar a expertos y ciudadanos, y pidió vigilancia para evitar simulaciones.
¿Qué falta para una protección real?
De acuerdo con el movimiento es fundamental abordar varios aspectos clave: primero, asignar un presupuesto adecuado que garantice su conservación y gestión; segundo, realizar una consulta pública transparente que involucre a las comunidades y actores relevantes; tercero, emitir un decreto oficial con categoría de protección y límites territoriales claros; y por último, establecer un programa de manejo con reglas específicas de conservación y uso sostenible.
Hasta ahora, ninguno de estos pasos se ha cumplido. Un Río En El Río llamó a no dar por hecha la protección del río y a exigir congruencia entre discursos y acciones. "El futuro del Santa Catarina no se decide con prisas ni sin la ciudadanía", concluyeron
El movimiento, Un Río En El Río, alerta que la construcción de un viaducto elevado en Av. Morones Prieto, Nuevo León, dañaría irreversiblemente el ecosistema del Río Santa Catarina. Exigen a autoridades federales rechazar el estudio de impacto ambiental por omisiones graves.
La investigación de la antropóloga Séverine Durín destaca el alarmante aumento de casos y los factores de vulnerabilidad que enfrentan niñas y mujeres jóvenes en el estado.
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Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
