Tras casi tres años de la firma de los 'Acuerdos de no Inundación', el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a Jalisco para inaugurar la Presa El Zapotillo y evaluar el cumplimiento del Plan de Justicia para las comunidades afectadas. A pesar de los avances, persisten demandas por la reparación integral de los daños y cuestionamientos sobre la gestión hídrica en la región.
Las intensas precipitaciones en el estado brasileño provocaron la ruptura parcial de la presa 14 de julio, desencadenando una situación de emergencia con evacuaciones y operaciones de rescate en curso.
Después de semanas sin obtener respuestas satisfactorias, la comunidad de El Zapotillo, en Jalisco, decide tomar la Presa El Zapotillo como medida de presión. Demanda mejoras en infraestructura y servicios básicos marcan la lucha de esta pequeña comunidad ante la Comisión Nacional del Agua.
El Gobierno federal anunció una millonaria inversión en megaproyectos hídricos como parte del Plan México; sin embargo, persisten dudas sobre la falta de consulta a comunidades, los impactos socioambientales y la continuidad de un modelo extractivo que prioriza el negocio sobre el derecho humano al agua.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco acusa al Fiscal General de mentir sobre Rancho Izaguirre y presenta evidencia forense de 17 lotes de restos humanos calcinados. Exigen a la presidenta Sheinbaum escuchar a las madres y no permitir otra “verdad histórica”.
La Cámara de Diputados avaló con 446 votos una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza que las propinas no reemplacen el salario mínimo y establece reglas claras para su distribución. La medida busca proteger a trabajadores de hoteles, restaurantes y otros sectores.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusa a la Secretaría de Bienestar de ignorar los usos y costumbres de 70 comunidades originarias en la implementación del FAISPIAM y de desobedecer instrucciones presidenciales en el Plan de Justicia P’urhépecha.
Organizaciones como Tlachinollan denuncian violencia armada, abandono estatal y explotación laboral en comunidades indígenas de Guerrero, mientras decenas de familias migran hacia campos agrícolas en Chihuahua y Guanajuato.
