La FGR confirma que Rancho Izaguirre era centro de operaciones del CJNG, pero descarta presencia de crematorios. Se judicializan 14 procesos y se investigan vínculos de autoridades locales.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció que el próximo martes se revelarán los dictámenes técnicos sobre el caso Teuchitlán, en el que ya hay 14 personas judicializadas. Habrá acceso a prendas halladas en el sitio y se permitirá la participación de colectivos bajo protocolos especializados.
El colectivo de búsqueda acusa manipulación mediante audios y videos falsos creados con inteligencia artificial, mientras recibe apoyo de artistas, académicos y activistas en su lucha por la verdad y la justicia.
La apertura de las puertas del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para que familias buscadoras y medios de comunicación pudieran ver el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República -instancia que ahora tiene el caso- resultó ser una burla, no sólo porque las buscadoras creen que se “maquilló este sitio de exterminio”, sino porque ninguna autoridad (estatal y federal) fue capaz de pararse frente a ellas para darles alguna explicación de lo que ahí están supuestamente investigando.
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, reveló fallas críticas en la investigación local del caso Teuchitlán, Jalisco, incluyendo la falta de rastreo de indicios y la omisión de delitos federales como posesión de armas de alto calibre y delincuencia organizada.
Con música, teatro y actividades comunitarias, cientos de personas se reunieron en Hermosillo para mantener viva la defensa del Río Sonora y exigir atención a la salud, agua limpia, justicia y reparación integral a doce años del derrame de Grupo México.
Familias buscadoras, periodistas y organizaciones de derechos humanos señalaron fallas en la investigación, identificación forense y protección de quienes buscan a personas desaparecidas en México, durante un seminario realizado en El Colegio de México.
Organizaciones civiles denuncian falta de coordinación, omisiones y una respuesta insuficiente del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado interno; buscarán gestionar reuniones con autoridades federales.
Organizaciones que acompañan a las familias señalaron que la investigación deberá confirmar la solidez de la acusación contra el exgobernador de Guerrero y advirtieron que, a casi 12 años de los hechos, persisten pendientes como la entrega de información de inteligencia militar y la extradición de Tomás Zerón.
