La detención del líder del Frente Popular de la Montaña se suma a una serie de acciones contra organizaciones sociales y policías comunitarias en Guerrero, en un contexto marcado por la impunidad y la criminalización de la protesta.
Por Redacción / @Somoselmedio
Tlapa, Guerrero, 18 de marzo de 2026.– A las 13:35 horas de este miércoles, Ubaldo Segura Pantoja, líder social y defensor de derechos humanos del Frente Popular de la Montaña, fue detenido por elementos de la policía federal ministerial en la colonia Tepeyac, en la ciudad de Tlapa, en la región de la Montaña de Guerrero.
La detención ocurrió sobre la calle Agustín Ramírez, entre Pensador Mexicano y Josefa Ortiz de Domínguez, cerca de las oficinas de Correos de México. En un primer momento, familiares y compañeros del Frente reportaron su desaparición, al desconocer su paradero y no recibir información por parte de las autoridades ministeriales, lo que generó un escenario de incertidumbre y angustia.
La preocupación se agravó debido a la situación familiar del defensor, cuya esposa se encuentra enferma. Integrantes del Frente, acompañados por un abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, iniciaron una búsqueda inmediata en agencias del Ministerio Público sin obtener respuestas claras.
Fue hasta las 16:28 horas cuando, tras consultar el Registro Nacional de Detenciones, confirmaron que Segura Pantoja había sido detenido por la policía federal ministerial. De acuerdo con el registro oficial, será trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República en el estado de Puebla y puesto a disposición de un juez federal.
Ubaldo Segura Pantoja ha participado durante años en diversas organizaciones sociales en Guerrero, entre ellas el Frente Popular Revolucionario, el Movimiento Popular Guerrerense y actualmente el Frente Popular de la Montaña. Su trabajo se inscribe en la defensa del territorio, los derechos comunitarios y la organización popular en una de las regiones históricamente más empobrecidas y violentadas del país.
Su trayectoria está vinculada a procesos de resistencia junto a figuras emblemáticas de la región, como Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en Tlapa en 2019, y Antonio Vivar Díaz, asesinado por la policía federal en 2015 durante las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La detención de Segura Pantoja ocurre en un contexto de creciente persecución contra integrantes de organizaciones sociales y sistemas de seguridad comunitaria en Guerrero.
En octubre de 2025, Jaime Morales fue detenido en un retén de la Guardia Nacional en Ayutla. El 5 de febrero de 2026, policías estatales detuvieron a Noel Silva, ex integrante de la policía comunitaria de Olinalá, seguido por la detención de un ex comandante de esa misma corporación. Más recientemente, fue detenido Policarpio Patriarca Agustín, integrante de la policía comunitaria de El Paraíso, municipio Ñu Savi, acusado de homicidio.
Estos casos han sido denunciados por organizaciones como parte de un patrón de criminalización de la organización comunitaria, particularmente en regiones donde el Estado ha sido históricamente omiso en garantizar seguridad y justicia.
En contraste con estas detenciones, persiste la impunidad en casos de violencia contra líderes sociales. El asesinato de Marco Antonio Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), ocurrido el 24 de abril de 2025, continúa sin justicia efectiva.
A once meses del crimen, la Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo y posteriormente liberó a uno de los presuntos autores materiales. Tampoco ha ejercido acción penal contra Pedro Santos Cruz, alias “Comandante Pino”, señalado como autor intelectual de la desaparición de Vicente Suástegui en agosto de 2021.
Este contraste evidencia un patrón de selectividad en la aplicación de la justicia: mientras se judicializa a defensores comunitarios, permanecen sin castigo los responsables de graves violaciones a derechos humanos.
El caso de Ubaldo Segura recuerda la detención del maestro Evodio Pérez Malpica, ocurrida el 20 de febrero de 2024, quien fue acusado de secuestro agravado y trasladado a un penal de alta seguridad en Durango. Posteriormente, un juez determinó su libertad.
Ambos casos comparten características: detenciones realizadas por fuerzas federales, traslado fuera del estado y acusaciones graves que han sido cuestionadas por organizaciones sociales.
Organizaciones sociales advierten que estas acciones reflejan un clima de hostilidad contra defensores de derechos humanos en Guerrero, en contravención de estándares nacionales e internacionales que obligan al Estado mexicano a garantizar su protección.
La falta de información inmediata sobre el paradero de Segura Pantoja, así como su traslado fuera de la entidad, plantea preocupaciones sobre el respeto al debido proceso, el acceso a la defensa y la integridad física del detenido.
Integrantes del Frente Popular de la Montaña exigieron la libertad inmediata de Ubaldo Segura Pantoja, así como garantías para su integridad física y el respeto pleno a sus derechos humanos.
Asimismo, demandaron que las autoridades federales cesen la persecución contra defensores comunitarios y enfoquen sus acciones en investigar y sancionar a los responsables de la violencia que persiste en Guerrero.
