La UNAM y SERAPAZ digitalizarán y pondrán en acceso público el archivo completo del proceso de diálogo entre el EZLN y el Estado, a tres décadas de los Acuerdos de San Andrés.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Ciudad de México, 16 de febrero de 2026.- En el marco del 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés, la Universidad Nacional Autónoma de México y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) presentaron un proyecto interinstitucional para el rescate, preservación y difusión del archivo histórico del proceso de diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano.
El acervo, integrado por más de 9 mil documentos —incluidos los originales firmados el 16 de febrero de 1996— será catalogado y alojado en un repositorio digital consultable a través de la Biblioteca Pablo González Casanova del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH).
El acto fue encabezado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, acompañado por autoridades universitarias e integrantes históricos de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI).
El director del CEIICH, Mauricio Sánchez Menchero, afirmó que la recepción del archivo “no es únicamente protocolaria”, sino que representa “un acto de memoria y responsabilidad histórica”.
Recordó que los Acuerdos de San Andrés, firmados en San Andrés Larráinzar el 16 de febrero de 1996, fueron resultado de un proceso de diálogo entre representantes del EZLN, el Gobierno Federal, el Gobierno de Chiapas y las instancias de intermediación, entre ellas la CONAI y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
De acuerdo con Sánchez Menchero, preservar estos documentos implica “reafirmar los marcos sociales que permiten que la experiencia de los acuerdos siga teniendo sentido en el presente”.
Durante su mensaje, el rector Leonardo Lomelí Vanegas señaló que los Acuerdos de San Andrés constituyen “un punto de inflexión político, jurídico y simbólico en el México contemporáneo”.
Explicó que en dichos acuerdos se incorporó de manera explícita la idea de México como nación pluriétnica y el reconocimiento de sujetos colectivos con derecho a la libre determinación y a ejercer formas propias de gobierno.
El rector también reconoció que “ni las reformas legislativas posteriores ni las políticas públicas planteadas recogieron plenamente el espíritu de esos debates”, en referencia a la reforma constitucional en materia indígena aprobada en 2001.
Asimismo, mencionó que el periodo posterior a la firma estuvo marcado por un contexto de militarización y violencia en Chiapas, incluyendo la masacre de Acteal.
Fray Gonzalo Iturarte, exsecretario técnico de la CONAI y presidente de SERAPAZ, explicó que la organización ha custodiado durante más de tres décadas los documentos originales del proceso de diálogo.
Informó que, mediante un convenio con la UNAM, estos materiales serán resguardados físicamente en la Biblioteca Pablo González Casanova y digitalizados para consulta pública. Entre los documentos se encuentran los cuatro textos originales firmados por las partes participantes en la negociación.
Por su parte, Dolores González Sarabia, excoordinadora de asesores de la CONAI, señaló que los Acuerdos deben entenderse no solo como el documento final firmado, sino como el conjunto de debates, argumentaciones y propuestas construidas durante el proceso.
El coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leiva, indicó que el archivo será catalogado y alojado en un repositorio electrónico administrado por el CEIICH, con el acompañamiento del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Hemeroteca Nacional.
Según explicó, la digitalización permitirá el acceso a investigadores, estudiantes y público interesado en el estudio de los procesos de paz, los derechos indígenas y la historia política reciente de México.
El proyecto también rinde homenaje al sociólogo Pablo González Casanova, quien acompañó críticamente el proceso de diálogo y fundó el CEIICH, espacio donde ahora se resguardará el archivo.
Los Acuerdos de San Andrés fueron firmados el 16 de febrero de 1996, tras el levantamiento armado del EZLN iniciado el 1 de enero de 1994.
El primer documento firmado estableció compromisos para una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, incluyendo el reconocimiento de derechos culturales, políticos y de autonomía.
En 2001, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional en materia indígena que fue cuestionada por el EZLN y organizaciones indígenas al considerar que no recogía íntegramente los compromisos establecidos en 1996.
