A 11 meses del crimen, un juez federal determinó que los militares actuaron con dolo eventual al abrir fuego contra la camioneta familiar en La Cieneguilla, Sinaloa.
Por Redacción / @Somoselmedio
En Sinaloa, el 6 de mayo de 2025, Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7, iban camino a la escuela junto con otros miembros de su familia en una camioneta que circulaba por una carretera de La Cieneguilla, Sinaloa. Al encontrar el camino bloqueado, la familia dio vuelta. Fue en ese momento cuando un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano, que avanzaba en el otro carril, abrió fuego sobre ellos sin previo aviso. Las dos niñas murieron. Una adolescente de 14 años, un menor de 12 y dos adultos más resultaron heridos en Sinaloa.
Once meses después, el 6 de abril de 2026, trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron vinculados a proceso por el homicidio calificado de ambas niñas y por la tentativa de homicidio en contra de los demás integrantes de la familia. La resolución fue dictada por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis.
La determinación judicial establece que los militares actuaron con dolo eventual: su formación castrense les dotaba de conocimiento suficiente para prever las consecuencias letales de disparar contra un vehículo en movimiento, y en ningún momento se actualizó causal alguna de exclusión de responsabilidad. Las órdenes de aprehensión se habían ejecutado el 31 de marzo, cuando las víctimas fueron notificadas del avance procesal.
Durante la audiencia, agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR presentaron datos de prueba que acreditaron el uso letal de la fuerza de forma injustificada, en violación directa a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. La defensa de los militares —incluida la representación de la Defensa de Oficio Militar— argumentó que los elementos actuaron en un contexto de violencia e incertidumbre en Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo. El juez no encontró sustento jurídico suficiente en esa postura.
Los padres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia. Pudieron exponer ante el tribunal cómo el asesinato de sus hijas destruyó de manera irreparable su proyecto de vida, y reafirmaron su exigencia de que la justicia sea diligente y no se detenga.
Casos como el de Leidy y Alexa exigen seguimiento sostenido, no cobertura de un día. Somoselmedio lleva 14 años documentando violaciones a derechos humanos sin publicidad oficial. Si este trabajo te importa, puedes ser parte de lo que lo sostiene.
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El caso ha sido acompañado desde el inicio por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Una de las aristas más delicadas del proceso es la apertura paralela de una investigación en la jurisdicción militar, lo que contradice los estándares internacionales de derechos humanos que prohíben la extensión del fuero castrense en casos de graves violaciones cometidas por militares contra civiles. Ese punto se encuentra actualmente bajo litigio.
La vinculación a proceso es un paso necesario, pero no suficiente. La FGR deberá fortalecer la investigación complementaria y el Poder Judicial tendrá que demostrar, en las etapas que siguen, independencia real frente a las Fuerzas Armadas. El historial de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en México pesa como antecedente sobre cada decisión que aún está pendiente.
Leidy y Alexa no son un expediente. Son el rostro de lo que ocurre cuando el Estado militariza territorios vulnerables sin controles efectivos, sin rendición de cuentas y sin mecanismos que frenen el uso arbitrario de la fuerza letal. Sus familias seguirán exigiendo justicia —por ellas y por todas las personas que han sido víctimas de la militarización que distintas administraciones han sostenido y profundizado.
La vinculación a proceso ocurre en un momento en que la presencia militar en territorios como Sinaloa se ha intensificado sin que existan mecanismos civiles de supervisión efectivos. Organizaciones de derechos humanos han documentado un patrón de uso excesivo de la fuerza en operativos castrenses desplegados en zonas de alta conflictividad, donde la población civil queda expuesta a riesgos que el Estado no previene ni sanciona con la diligencia requerida.
