A 18 años de su desaparición forzada en Oaxaca, familiares y organizaciones denuncian la inacción del Estado y exigen cumplimiento de sentencia de la SCJN.
Por Redacción / @Somoselmedio
Ciudad de México, 26 de mayo 2025.- En el marco del 18° aniversario de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), familiares y organizaciones de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa el pasado domingo en la Glorieta de las y los Desaparecidos para exigir verdad y justicia.
Gabriel y Edmundo, fueron detenidos el 25 de mayo de 2007 por elementos de la policía estatal, federal y el Ejército en Oaxaca, en un caso que ha sido documentado como crimen de Estado. A pesar de que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica que ordena su búsqueda y el castigo a los responsables, las autoridades no han cumplido a cabalidad.
Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel, leyó un boletín en el que denunció la omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones: “Han pasado 18 años sin verdad ni justicia. El gobierno actual, aunque no cometió el crimen, lo mantiene en la impunidad por su inacción”.
La sentencia de la SCJN establece obligaciones clave, como la creación de grupos interinstitucionales de búsqueda, la revisión de instalaciones militares y medidas de reparación integral. Sin embargo, según Nadin Pérez Maldonado, participante en la conferencia, la FGR ha incumplido al no investigar a más de 10 servidores públicos de Oaxaca vinculados al caso ni localizar a los prófugos Nicolás Martínez y Pedro Hernández Hernández.
Santiago Corcuera, experto en derechos humanos, destacó que “la desaparición forzada es un crimen continuo. No ocurrió solo hace 18 años, sigue sucediendo mientras el Estado no actúe”. Criticó que gobiernos de distintos partidos (PAN, PRI y MORENA) han fallado en garantizar justicia.
Las demandas principales incluyen un informe detallado de las acciones de investigación realizadas por la FGR entre 2024 y 2025, la renuncia del agente del Ministerio Público Sandre Ivert Ibarra Sánchez por negligencia, la destitución de funcionarios que se encuentren en desacato a la sentencia de la SCJN, y una búsqueda con peritos independientes en Oaxaca, la cual deberá estar respaldada por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Noemí Calles, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, acusó al Estado de encubrir a los responsables y recordó que “la impunidad es política de gobierno, sin importar el partido en el poder”. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, reiteraron los asistentes, exigiendo la presentación con vida de Gabriel y Edmundo, así como el castigo a todos los responsables.
